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Prioridades antes que facultades

Hoy la Cámara debatirá el pedido de poderes legislativos solicitado por el gobierno de Keiko Fujimori.

Editorial
Editorial

La gobernanza se construye tomando decisiones respondiendo concretamente a las urgencias de los ciudadanos. Es el reto que implica gobernar un país. Sin embargo, no es lo que se está viendo en el Ejecutivo, que justifica su inacción en las prioridades de Estado por la demora en la aprobación del pedido de facultades legislativas enviado a la Cámara de Diputados.

Mientras el gobierno plantea reformas absurdas como la movilidad del Lugar de la Memoria, o incluye decisiones que ameritan debates más amplios, el crimen organizado quemó vivo dentro de su vehículo a un hombre de 35 años en Los Olivos. La razón es negarse a pagar un cupo semanal de S/40. Como consecuencia, más de 50 unidades de transporte público decidieron no salir hoy.

En paralelo a estas desgracias, el Ejecutivo fujimorista acusa a diputados de ser obstruccionistas. No obstante, ante dichas denuncias, vale la pena recordar que el paquete presentado va mucho más allá de la seguridad y El Niño que el gobierno invoca como justificación. Entre varios asuntos no prioritarios, incluye la regulación de tasas de interés bancarias y modificaciones al sistema financiero. No es exagerado sostener que dichas medidas merecen un debate de Estado amplio y serio, no una aprobación apresurada.

En ese sentido, conviene clarificar la discusión pública alrededor de esto, ya que si un gobierno que lleva dos meses sin emitir los decretos de urgencia que podía dictar por iniciativa propia no lo hace, no es porque necesita más poderes, sino porque necesita usarlos.

Por ello, el debate de hoy en la Cámara de Diputados importa. Pero importa en tanto ponga de relieve lo que ocurre en las calles y contra los ciudadanos que exigen que sus autoridades finalmente gobiernen. Eso también es democracia.

Y ante una entendible denegatoria a la solicitud de facultades, el gobierno sigue teniendo el poder y puede gobernar con lo que ya tiene. En otras palabras, demostrar que la gobernanza no depende de las facultades que el Parlamento le otorgue, sino de la voluntad política de ejercer las que ya posee.

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