
El 15 de setiembre, ante la Cámara de Diputados, el Ministro de Justicia Ernesto Álvarez se refirió al caso de la violencia sexual en Condorcanqui como hechos “de origen cultural”, tal como hace un tiempo lo sostuvo el ex Ministro de Educación Morgan Quero, afirmación que desconoce todas las dimensiones del tema y la responsabilidad del Estado.
Ante ello, urge revisar las primeras conclusiones de la misión del MESECVI de la OEA que viajó hasta Condorcanqui recientemente, algo que el Ejecutivo debería hacer cuanto antes.
El MESECVI da cuenta del aislamiento territorial de la comunidad ya que entidades como el Ministerio Público, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio de Cultura y la Policía Nacional no cuentan con mecanismos regulares de transporte fluvial para acceder a las comunidades, por lo que los costos de transporte, alimentación y alojamiento recaen sobre las víctimas. A ello se suma la ausencia o insuficiencia de las cámaras Gesell, de personal forense y de electricidad para poder operarlas, así como de espacios adecuados para recibir el testimonio de las víctimas sin que sean revictimizadas.
Las notificaciones judiciales no se realizan a tiempo, no hay intérpretes, no se pueden supervisar las medidas de protección, no se cuenta con acompañamiento en salud mental y tampoco existen hogares de refugio temporal. Por ello, muchos procesos administrativos y judiciales se archivan y prescriben, lo cual refuerza la impunidad que favorece más agresiones y violencia. A esto se suma la falta de acceso a la educación y la salud, lo que nos habla de una situación de discriminación estructural que no se limita a la violación sexual y que requiere una respuesta urgente.
Como señalé la semana pasada, estos hechos no son nuevos y hay información oficial que explica con detalle la situación y puede ayudar a que se entienda que lo que viven las niñas, niños y adolescentes en Condorcanqui no es simplemente un “hecho cultural”, sino un total abandono.





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