Se deben evitar privilegios fiscales a grandes empresas

Hace tres décadas, el desierto de Ica producía casi nada exportable. Hoy exporta arándanos a China y paltas a Europa, y ese cambio no fue casual. Nació de una política de incentivos tributarios que le dio al sector agroexportador una tasa de Impuesto a la Renta de 15%, menos de la mitad de la que paga cualquier otra empresa formal en el país. El objetivo entonces era atraer inversión a un sector naciente que necesitaba apoyo para despegar. Ese objetivo se cumplió.

La pregunta que la OCDE plantea ahora en su revisión de política tributaria 2026 es la que esta casa editorial también formuló desde que el anterior parlamento aprobó la ley Chlimper 2.0: ¿sigue haciendo falta ese subsidio cuando el sector ya demostró que puede competir por sus propios medios?

La respuesta del organismo internacional es directa. Las grandes agroexportadoras deben regresar al régimen general de 29.5% porque el sector registró un crecimiento sostenido en valor agregado y exportaciones durante la última década mientras mantenía un trato preferencial frente al resto de la economía formal. Eliminar esa tasa reducida contribuiría a movilizar S/1,888 millones anuales en recaudación adicional.

Según estimaciones de dicha comisión multilateral, para el 2035, el costo de mantenerla equivaldría a unos S/20,000 millones menos para las arcas públicas. Un país que posterga el incremento de Pensión 65 por restricciones presupuestarias no puede sostener ese privilegio sin justificación técnica.

Sin embargo, el problema de fondo va más allá del privilegio fiscal. El Perú tiene una historia documentada de booms de recursos naturales que no se tradujeron en desarrollo sostenible.

Pasó con el guano en el siglo XIX, el caucho en la Amazonía, la anchoveta en los años 60, la minería, hoy en etapa de profundas transformaciones estructurales. En cada episodio el patrón fue de una extracción gran intensidad, beneficios concentrados en pocos actores y escasa reinversión en el territorio.

Un privilegio fiscal que no exige sostenibilidad a cambio no es una política de desarrollo. Es una trampa que el Perú ya conoce y que el nuevo congreso tiene la oportunidad de corregir.