La JNJ solo sirve al pacto corrupto

Lo ocurrido en los últimos días en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) muestra el uso del poder disciplinario en un contexto político marcado por cuestionamientos institucionales. En una semana, este organismo ha adoptado decisiones que afectan a dos fiscales superiores, lo que genera debate dentro del sistema de justicia.

La ratificación de la destitución de Delia Espinoza como fiscal de la Nación, hoy decana del Colegio de Abogados de Lima, se presenta como una sanción por incumplimiento de una resolución. Sin embargo, el momento en que se produce esta decisión ha generado cuestionamientos sobre el criterio con el que se aplican sanciones dentro del sistema fiscal.

Paralelamente, la no ratificación del fiscal supremo Pablo Sánchez —a tres meses de su jubilación— no se ha acompañado de una explicación institucional detallada.

Este escenario no puede analizarse de manera aislada del rol que viene desempeñando el Tribunal Constitucional del Perú. Si bien la función de este órgano es distinta a la de la JNJ, ambos comparten un origen político en su conformación, lo que influye en la percepción pública sobre su independencia. Algunas decisiones del TC han sido cuestionadas por cambios en criterios jurisprudenciales y por generar debates sobre el control constitucional.

En ese contexto también se ha cuestionado el adelanto de la audiencia del habeas corpus del líder sentenciado y prófugo del Perú Libre, Vladimir Cerrón. Hasta ahora no existe resolución y la presidencia del tribunal ha señalado que la votación se realizará el 31 de marzo. El proceso se desarrolla en un momento en el que las instituciones evalúan los tiempos y las consecuencias de cualquier fallo.

El tema de fondo, por tanto, es político. Los actuales integrantes de organismos constitucionalmente autónomos han llegado a sus cargos con el respaldo de fuerzas como Renovación Popular, Fuerza Popular, Perú Libre, Avanza País y Podemos Perú. Esto abre una discusión sobre la responsabilidad de las fuerzas políticas en la designación de autoridades encargadas del equilibrio de poderes.

En este contexto, la ciudadanía tiene un rol. La elección del 12 de abril definirá representación política y la orientación de instancias que inciden en la justicia, especialmente en un escenario donde una eventual cámara alta asumiría atribuciones en procesos de nombramiento. El voto ciudadano adquiere un papel en la discusión sobre el funcionamiento de la representación legislativa.