No al intento de engaño parlamentario

Un sistema político que aspira a ser mínimamente civilizado debería funcionar a partir de reglas y decisiones dentro de los plazos previstos. El presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi, ha anunciado que convocará a un pleno extraordinario para debatir la vacancia del presidente José Jerí. El requisito, haber cumplido con la recolección de las 78 firmas necesarias establecidas de acuerdo a reglamento. Hasta el cierre de esta edición, hay más de 80 aseguradas.

Actualmente, debería encontrarse en trámite en la Presidencia del Parlamento. La verificación de firmas forma parte del procedimiento. La subsanación corresponde a los promotores. Con el requisito cumplido, la convocatoria, que, si bien puede realizarse dentro del plazo de 15 días, debe hacerse cuanto antes. La coyuntura electoral actual precisa esa inmediatez.

No obstante, el titular del Congreso también ha anunciado que aplicará una inusitada validación de firmas, a las que quiere incorporar al Reniec. Afirma arbitrariamente que solo reconoce 29 de ellas y que se presente de nuevo. El objetivo no es otro que dotar de más tiempo al presidente que colocaron.

El debate de fondo va más allá del trámite que, por supuesto, los peruanos deben conocer, ya que será también parte de la treta.

La Constitución establece la vacancia presidencial como mecanismo para la terminación del mandato. Esta figura se aplica al jefe de Estado y permite una definición política con efectos claros sobre la sucesión y la continuidad del Gobierno.

Algunos parlamentarios malentienden que la censura es el procedimiento que corresponde. Sin embargo, la Constitución la reserva como instrumento de control político sobre un gobierno, no hacia la interpretación de incapacidad moral que, a su antojo, el actual régimen comandado por el fujimorismo ha venido aplicando desde hace casi 10 años. Por lo tanto, vale decir que su pretendida aplicación, en este caso, carece de desarrollo jurisprudencial previo.

En ese sentido, el otro riesgo que viene armando el pacto es pretender abrirse innecesariamente a un vacío de interpretación jurídica. En un contexto electoral como el actual, ello prolongaría la incertidumbre institucional.

El Congreso enfrenta una decisión que impacta en el momento electoral. Frente a ese escenario, una salida política legal y ágil debe ordenar el proceso. Por lo que la sugerencia del especialista Juan De la Puente es sensata: la invitación a la renuncia presidencial. Ningún congresista que busque la reelección debería querer verse afectado con el pasivo de mantener a Jerí.

Por ello, la convocatoria al pleno extraordinario por parte del presidente del Legislativo debería no dilatarse. El Parlamento tiene la responsabilidad histórica de ofrecer al país una decisión que preserve el funcionamiento del curso del proceso electoral y, con ello, de la salud democrática tan venida a menos en el Perú.