La titularidad de las concesiones mineras

La decisión de la Comisión de Energía y Minas del Congreso, que nuevamente habilita las licencias de Reinfo que fueran suspendidas hace unos meses, constituye un retroceso que amenaza directamente al Estado.

Esto se inscribe, además, en un contexto preelectoral, en el que parlamentarios que buscan la reelección transforman un desafío nacional de serias implicancias en el erario nacional en una ficha intercambiable dentro de estrategias cortoplacistas.

La formalización de la minería artesanal y el control del territorio se subordinan así a intereses políticos coyunturales, desdibujando la responsabilidad del Estado y profundizando la crisis de gobernanza que aqueja al país.

En el centro de esta problemática se encuentra la cuestión de la titularidad de las concesiones mineras. Según el Ministerio del Ambiente, entre el 85% y 90% de los inscritos en el Reinfo no poseen derechos sobre las áreas donde operan. Esta realidad constituye una de las principales barreras para la formalización, lo que perpetúa un limbo legal que sigue siendo invisibilizado por las autoridades políticas.

Sin titularidad clara, el proceso de formalización jamás será una política efectiva. Mientras esto se sigue ignorando activamente, la minería ilegal consolida su control sobre la cadena productiva de muchos de los artesanales.

Ignorar la titularidad es, por tanto, un riesgo para la seguridad jurídica, económica y social del país. La permanencia de un marco normativo que no distingue entre actores informales, artesanales e ilegales favorece la captura criminal y la explotación sin regulación, lo cual afecta tanto a pequeños productores como a medianas y grandes empresas comprometidas con la legalidad y el ambiente.

El país requiere una política minera con mirada de largo plazo, que combine formalización efectiva, fiscalización rigurosa y protección ambiental, y, por supuesto, que otorgue seguridad jurídica sobre la propiedad de los recursos.

En ese sentido, la titularidad de las concesiones se convierte en la piedra angular sobre la que se construye la sostenibilidad y la gobernanza del sector minero. Hasta que no se atienda esta cuestión en una nueva ley MAPE, cualquier esfuerzo de formalización seguirá siendo insuficiente y la expansión de economías ilegales continuará socavando la institucionalidad y el desarrollo del Perú.