Dina Boluarte formaliza nuevo desacato a la Corte IDH

Bajo la retórica de “devolver la dignidad” a las Fuerzas Armadas, la Policía y los comités de autodefensa, la presidenta investigada por homicidio durante las protestas del 2022-2023, tomó una decisión que nos retrocede a los oscuros años de la década de 1990 al 2000. Optó por amnistiar a aquellos miembros de las fuerzas del orden que cometieron graves crímenes contra la humanidad por lo que cargan severas condenas.

La amnistía mancha la honra de oficiales y suboficiales que cumplieron la ley penal y de la humanidad en la lucha contra el terrorismo. Equipara a los héroes con los asesinos, en un acto que busca, más que proteger a las Fuerzas Armadas, la preservación del poder político. No nos cabe duda que más temprano que tarde se hará justicia y se reivindicará a las víctimas y el Estado de derecho.

Boluarte, lejos de preocuparse por el deterioro institucional que sigue en picada, parece más interesada en complacer a sectores duros de las fuerzas de seguridad, con la ingenua —y peligrosa— esperanza de que ese respaldo la proteja de rendir cuentas por las 49 muertes ocurridas al inicio de su mandato.

Promulgar esta ley con tremendo desprecio a las víctimas que siguen aguardando por la justicia que les debe el país es un gesto execrable. Es también un nuevo desacato abierto a la Corte Interamericana de Derechos Humanos en tres años y medio de gestión.

El discurso, que defiende medidas desesperadas para mantener su poder efímero, en realidad constituye un abierto desacato al derecho internacional y a los compromisos que el estado peruano ha asumido en materia de derechos humanos.

Hace poco más de 25 años, el fundador de este diario, Gustavo Mohme Llona, se dirigía a la clase política que se jactaba de la impunidad que habían logrado consolidar hacia el final de la dictadura fujimorista. “No se dan cuenta de que el país no los soportará. La comunidad internacional y aquí el pueblo peruano se los recordarán a cada instante”.

Al final la ley de amnistía del fujimorismo fue anulada. Ahora volverá a pasar lo mismo. Esta nueva ilegalidad descarada es observada por el mundo entero. Y ante ello, los jueces tienen el deber de aplicar el control de convencionalidad, dejar de  lado la amnistía para evitar fallos contra el derecho. Serán actos de resistencia democrática que enaltecerán a la patria.

Y los peruanos deben saber que la memoria nacional sobrevivirá mientras haya ciudadanos que, desde la cotidianeidad, impidan que el relato de la impunidad pervierta la dignidad de nuestra historia. La justicia prevalecerá y con ello, la paz.