La dignidad del Estado ante la barbarie legal

El Congreso de la República ha aprobado una ley de amnistía ilegal. Tan solo 16 congresistas intentan a toda costa blindar a quienes, abusando del poder que otorga el Estado, cometieron violaciones sistemáticas a los derechos humanos en el país.

Ante las mentiras de quienes buscan impunidad, es indispensable desmentir la narrativa manipuladora. Los defensores de esta norma pretenden presentar esta norma como un homenaje a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional. No es así.

Quienes, en efecto, sirvieron con honor a la patria no necesitan amnistías, sino merecen respeto, memoria y reconocimiento. Esta ley, en cambio, ampara a acusados de violación, tortura y asesinato.

No se trata, entonces, de justicia de reconciliación nacional, como tratan de disfrazar a la norma. Se trata de impunidad, pura y dura.

La jurisprudencia internacional es clara: las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el Derecho Internacional. De esa manera lo han sentenciado tribunales internacionales, tal y como ha dictado la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

No obstante, el Congreso ha optado por la barbarie legal. Al ignorar los compromisos internacionales del Perú, quieren ir en contra del principio fundamental de que los crímenes de lesa humanidad no prescriben ni pueden ser perdonados por conveniencia política.

Los responsables de esta afrenta a la justicia tienen nombre y partido. Votaron a favor los miembros de la coalición parlamentaria autoritaria: Fuerza Popular, Alianza para el Progreso, Honor y Democracia, Renovación Popular, Podemos Perú y Avanza País.

Más de 150 casos con fallo firme y cerca de 600 procesos judiciales en curso podrían ser anulados, beneficiando a personas que en nombre del Estado habrían cometido ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, tortura y violencia sexual.

Con los familiares de las víctimas, elevamos hoy la voz de protesta contra quienes hoy cargan con la responsabilidad histórica de haber hecho retroceder al Perú a los años de impunidad sistemática.

La respuesta ciudadana, sin embargo, no se ha hecho esperar. Diversos colectivos de derechos humanos, colegios de abogados, organismos internacionales y agrupaciones de víctimas han manifestado su más rotundo rechazo. Exigen a jueces y fiscales aplicar el control de convencionalidad, el último bastión de resistencia ante el desmantelamiento de la legalidad desde el Congreso.

Por ello, decimos con contundencia: inaplicar esta ley no es un acto de rebeldía, es un deber histórico con la Patria.