Clientelismo sin vergüenza: el Estado como botín, por Cristian León Vilela

Por Cristian Collins León Vilela, Abogado y docente de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la PUCP

En octubre de 2024, Jacqueline Lozano Millones fue designada jefa del recién creado Centro de Modalidades Formativas del Congreso. Para ello, se modificó su Reglamento Interno —una facultad del presidente del Congreso que no requiere opinión favorable de algún sistema administrativo—. Lozano y el presidente del Congreso pertenecen al mismo partido: Alianza para el Progreso (APP). Para el presidente de APP se trata de lo que hace cualquier partido que ejerce alguna de las presidencias del Congreso.

¿Las modificaciones al organigrama del Congreso? No pasaron por la Presidencia del Consejo de Ministro (PCM). ¿El perfil del cargo? tampoco pasó por la Autoridad Nacional del Servicio Civil (SERVIR). ¿La escala remunerativa? No pasó por el MEF, tal como se les exige a todas las entidades públicas. ¿La idoneidad? en entredicho: al parecer la señorita cometió presunto plagio en su tesis, tiene un salario de S/19,000 mensuales, además de beneficios adicionales —bonos, seguro médico y compensaciones anuales—.

Este caso revelado por la prensa, no es una anécdota. Es un ejemplo más de un problema estructural: el clientelismo, práctica mediante la cual se intercambian favores —como puestos públicos— por lealtad política. Como explica Rafael Jiménez Asensio, se trata de relaciones asimétricas en las que lo que importa no es el mérito, sino la obediencia.

En el Congreso, esta lógica se ha naturalizado. En 2023, el exdirector legal, Jorge Torres—también de APP y hoy investigado por presuntos vínculos con una red de proxenetismo que habría operado dentro del Congreso— emitió un informe que posibilitó el posterior archivo de una denuncia de nepotismo contra el entonces presidente del Parlamento, Alejandro Soto —también de APP—, al concluir que contratar a la hermana de la madre del hijo del congresista como coordinadora de su propio despacho, no configuraba nepotismo.

El clientelismo erosiona desde adentro. Bloquea el ingreso de personas idóneas, distorsiona la función pública, debilita la capacidad estatal y —lo más grave— mina la confianza ciudadana. En un país donde más del 90% desconfía del Congreso, estos casos no son anécdotas: son la punta del iceberg.

No se trata solo del empleo y el sueldo de una militante. Es que la política, capturada por redes informales, ha dejado de construir Estado. Y ha empezado, peligrosamente, a utilizar las instituciones de la democracia no al servicio del bien común, sino en beneficio de grupos para quienes el Estado no es un deber, sino un botín.