¿Necesita Perú una motosierra fiscal?, por Sofía Aron Said

Primero fue Milei, blandiendo una motosierra como símbolo de su compromiso con la reducción del Estado. Luego, Elon Musk, al frente del Departamento de Eficiencia Gubernamental en EE.UU., hizo lo mismo mientras anunciaba recortes en el gasto federal.

La motosierra se ha convertido en una metáfora de una política de ajuste radical: una herramienta para recortar el gasto del Estado de manera rápida y sin concesiones.

¿Necesita Perú algo similar? Para responder, primero debemos entender la dimensión del gasto del Estado peruano. Para ello, analizaremos cuatro indicadores clave:

¿Qué peso tiene el gasto público en la economía?

El presupuesto público es el dinero que el gobierno destina a gastos en un año fiscal. Compararlo con el PIB nos permite entender qué tan grande es el Estado en relación con la economía del país.

En Perú, el presupuesto para 2024 asciende a 73 mil millones de dólares, representando aproximadamente el 22% del PIB. En Argentina, en cambio, alcanza los 191 mil millones de dólares, equivalentes a casi el 40% del PIB, casi el doble que en Perú.

Este nivel de gasto sitúa a Argentina cerca del promedio de los países de la OCDE, donde el gasto público suele rondar el 40% del PIB. En contraste, el Estado peruano tiene una participación significativamente menor en la economía, en comparación con las economías más desarrolladas.

Ahora bien, un mayor porcentaje de gasto público no es necesariamente problemático, siempre que esté respaldado por ingresos sostenibles. Un mayor gasto permite ofrecer más y mejores servicios. Por ejemplo, mientras que, en Argentina, la OCDE, Chile y Brasil el estado invierte más del 8% del PIB en salud, en Perú es de apenas 5%. Esto limita nuestra capacidad para ofrecer servicios de calidad, afectando especialmente a quienes dependen del sistema público.

¿El gobierno gasta más de lo que ingresa?

El déficit fiscal refleja la diferencia entre lo que el Estado gasta y lo que efectivamente ingresa. Aunque no existe un nivel universalmente correcto —porque su sostenibilidad depende de las condiciones específicas de cada país—, como referencia, la Unión Europea recomienda mantenerlo por debajo del 3% del PIB.

En el caso peruano, el déficit fiscal alcanzó el 3.6% del PIB en 2024. Ya en 2023, Perú había incumplido por primera vez en 22 años su regla fiscal, que establecía un tope del 2.4% del PIB: ese año el déficit cerró en 2.8%. Si miramos más atrás, la diferencia es aún más marcada: en 2019, antes de la pandemia, el déficit era de apenas 1.3%. Este deterioro no es menor. Cuando un país rompe sistemáticamente sus propias metas fiscales, se pone en juego su credibilidad ante los mercados. Y eso, en última instancia, puede traducirse en mayores tasas de interés para financiarse, es decir, en una deuda más cara para todos.

¿Cuánto debe el país respecto a su producción?

La deuda pública es el dinero que el gobierno ha pedido prestado y aún no ha pagado. No existe un nivel “correcto” de deuda: todo depende del contexto económico, la confianza en el país y su capacidad de pago. Por ejemplo, tanto Argentina como Estados Unidos tienen deudas que superan el 100% de su PIB, pero mientras en el caso argentino esto genera preocupación, en el caso estadounidense no representa un problema inmediato. En el caso de Perú, la deuda pública representa el 33% del PIB, un nivel considerado manejable según los estándares internacionales.

¿Cuánto dinero recauda el Estado?

La presión tributaria mide cuántos impuestos recauda un país en comparación con su PIB. Si es muy baja, el gobierno puede tener problemas para financiar sus gastos; si es muy alta, puede afectar la inversión y el crecimiento económico. En Argentina, la presión tributaria es aproximadamente 23% del PIB, lo que significa que el Estado recauda casi una cuarta parte de la economía en impuestos. En países desarrollados (OCDE), la presión tributaria suele estar entre 30% y 45% del PIB. En Perú, debido a las altas tasas de informalidad, la presión tributaria es de apenas 14%, una de las más bajas de la región.

En Conclusión, nuestra situación fiscal actual no es comparable con la crisis de sostenibilidad que enfrentaba Argentina antes de las reformas. Por lo tanto, no requerimos medidas tan extremas.

Sin embargo, el hecho de que en 2023 y 2024 hayamos roto nuestra propia regla fiscal después de 22 años debería encender alarmas. El presupuesto aprobado para 2025 también genera preocupaciones, ya que varios analistas han advertido que no cuenta con ingresos suficientes para financiarlo, lo que llevará a un mayor endeudamiento.

Dicho esto, el problema no es que gastemos demasiado, sino cómo gastamos. A pesar de que nuestro gasto público no es tan alto en comparación con otros países, existen ineficiencias significativas. Perú enfrenta problemas estructurales en la asignación y ejecución del gasto: sobrecostos en proyectos de infraestructura y programas sociales sin resultados efectivos. Pero para solucionar esto no se necesita una motosierra. Existen herramientas, como las revisiones de gasto público, que permiten identificar ineficiencias y reasignar recursos sin necesidad de ajustes abruptos.

Finalmente, si Perú quiere destinar más recursos a salud o infraestructura, debe generar mayores ingresos fiscales. Y esto no implica necesariamente subir impuestos. Reducir la informalidad y mejorar la administración tributaria permitiría ampliar la base de contribuyentes sin afectar la competitividad.

La estabilidad fiscal es uno de los pilares de la economía peruana, y perderla sería un error costoso. No necesitamos una motosierra, pero sí un enfoque técnico que permita corregir los desbalances antes que sea demasiado tarde y necesitemos una motosierra.