La temporada de fichajes políticos ha entrado en su punto más elevado y así seguirá por al menos tres semanas más. Aunque a buena parte de la ciudadanía le pueda resultar extraño o ajeno ver de pronto noticias de anuncios de candidaturas presidenciales, inscripciones a militancias partidarias de diversas figuras públicas (y penitenciarias), cambios en la conformación de bancadas parlamentarias y fusiones partidarias, y pese a lo que algunos esperanzados comentarios puedan pensar, no se trata necesariamente de movidas de cara a un adelanto de elecciones sino del avance ordinario del calendario electoral.
La Ley de Organizaciones Políticas estableció en su momento que para postular a las elecciones generales es requisito haberse afiliado al partido político por el que se postulará con al menos un año de anticipación a la fecha límite de la convocatoria a estas elecciones; por lo cual, en febrero de este año el Jurado Nacional de Elecciones, al publicar el Reglamento Marco de las Elecciones Primarias para las Elecciones Generales 2026, señaló que esto daba a las y los aspirantes a candidaturas a inscribirse en los partidos hasta el 16 de julio de 2024.
Sin embargo, posteriormente, el Congreso cambió las leyes vinculadas a las elecciones primarias, eliminando su obligatoriedad, así como otras normas electorales. Como parte de estos acomodos, hace apenas unos días, el 14 de junio, se publicó la Ley n.º 32058, que modifica la Ley Orgánica de Elecciones y la Ley de Organizaciones Políticas y que, entre sus disposiciones, establece que “para las elecciones generales 2026, el plazo de afiliación para participar en las elecciones primarias vence el 12 de julio de 2024”.
Clarificado el plazo de afiliación a los partidos políticos, el reloj corre cuenta atrás para que, al estilo de una popular aplicación de citas y encuentros amorosos, partidos sin candidato y candidatos sin partido logren hacer match.
Pero también al estilo de las aplicaciones de citas, los intereses al momento del encuentro se muestran diversos.
En el Perú conocemos la figura del “partido cascarón”, organizaciones que logran una inscripción partidaria que luego emplean para ofrecerla a figuras “candidateables”, dejando de lado posiciones doctrinarias, ideología o programa. Se trata de arreglos pragmáticos y que, a menudo, no duran más de una elección. Este fue el caso, por ejemplo, de Avanza País, que postuló en 2005 a Ulises Humala y entregó luego su inscripción a Hernando de Soto; o George Forsyth que acordó disolver Renovación Nacional, del pastor evangélico Humberto Lay, y transformarlo en Renovación Nacional, un partido más cercano al centro político que no logró pasar la valla electoral.
Creo posible afirmar que este fenómeno es el que estamos viendo estos días con la afiliación de Carlos Añaños, conocido empresario y desde hace varios años voceado candidato presidencial, al partido político Perú Moderno, que hasta ahora fue un partido familiar y ultraconservador bastante desconocido. Añaños, que había hablado con un sinnúmero de organizaciones políticas, ha elegido finalmente hacerse con un partido que tiene la inscripción disponible para crear desde cero a su imagen y preferencia. Claro match de conveniencia.
Por otro lado, hemos conocido que la iniciativa Lo Justo, que buscaba su inscripción partidaria propia, ha desistido de ello y ha empezado lo que han llamado un “proceso de integración” con el partido Primero La Gente, que cuenta con inscripción desde hace algo más de un año. Según el comunicado que anuncia la integración, ambas organizaciones comparten la necesidad de “integrar el centro liberal y el centro progresista”. En otras comunicaciones han hablado de generosidad mutua y entendimiento, puntos favorables cuando hablamos de la conformación de un único partido y no una alianza. Es realista, sin embargo, preguntarse también cómo se equilibrarán al interior lo liberal y lo progresista (y qué se entiende por ello), o si una de estas posturas terminará por cobrar preponderancia.
Asimismo, tanto a la derecha como a la izquierda, se vienen gestando diálogos que intentan construir alianzas políticas y electorales más amplias. Esto es importante si volvemos sobre la premisa de que, como comenté en una columna previa, “no hay cama pa’ tanta gente”, es decir, no es posible, por sencilla aritmética, que todos los partidos inscritos pasen la valla electoral del 5% para lograr formar parte del Congreso de la República y mantener la inscripción de su organización.
No obstante, la construcción de alianzas electorales trae consigo sus propios retos. En términos de conteo de votos, la ley electoral incrementa la valla en 1% por cada partido que forma parte de la alianza; en términos de construcción de alternativas, requiere que múltiples figuras políticas, y sus propios egos y proyecciones personales, estén dispuestos a plantearse posiciones menores que la de candidato/candidata presidencial o cabeza de lista parlamentaria.
Mención especial, no por buena, merece la algarabía de algunas figuras cuando delincuentes condenados se suman a sus filas, esperando que ello genere arrastre de votos a pesar de mostrarse casi como una afrenta a la democracia que tanto gustan de decir que defienden. Por menos que eso, otros vieron anulados sus indultos.
En este escenario, las próximas semanas serán relevantes para terminar de conocer a quiénes tienen intención de representarnos en futuras elecciones, aunque aún no hemos visto que ninguna de estas movidas se dé en cercanía real a la ciudadanía y sus preocupaciones. Habrá que ver, pues, si candidatos, alianzas y partidos logran hacer match con una ciudadanía que hoy no parece creer en ellos.