Los avances y pendientes en la lucha contra el fraude científico, por Percy Mayta-Tristán

En noviembre del 2023 dos reportajes mostraron como ciertos profesores universitarios se volvieron “investigadores reconocidos” comprando autorías de artículos científicos y demostró una red peruana de venta de artículos. Ello generó una serie de respuestas de parte de las universidades, el Concytec, Minedu y el Congreso de la República.

Esta semana, la comisión investigadora del Congreso dio un informe preliminar donde detectó dos redes de venta de autorías, una de ellas la que salió en el reportaje que tenía un movimiento en sus cuentas bancarias por más de 3 millones de soles, y otra, no vinculada al reportaje con más de 7 millones de soles. Por los montos descubiertos, el número de personas que compran autoría de artículos es mucho mayor del esperado y si son de instituciones públicas el perjuicio al Estado es aún mayor.

Así mismo, el Congreso aprobó una ley (aún pendiente de promulgación) sobre el fraude científico en la cual estipula que Concyec está obligado ahora fiscalizar y sancionar. Este cambio, tiene implicancias en la estructura de Concytec a nivel de plazas profesionales, pues necesita a los especialistas en integridad científica, bibliometría y aspectos legales, que puedan cumplir esas funciones en las dos instancias requeridas para llevar un debido proceso. Este cambio depende del MEF que aún no les aprueba esas plazas, sin ello, será otra ley con letra muerta.

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Por primera vez se incluye en una normativa una definición de fraude científico, que, si bien mejoró en algo de la propuesta original, podría originar una cacería de brujas posterior si es que hay un uso político de los responsables de manejar estas investigaciones. Recordar que, para la comunidad científica global, fraude científico es fabricación (invención), falsificación (manipulación) y plagio, y que la venta de autorías y el uso de fábrica de manuscritos calza perfecto en ello, como se describió en un artículo previo.

Sin embargo, otros términos como la autoría honoraria o el error honesto podrían ser perseguidos ante interpretaciones auténticas de operadores políticos, como lo vemos hoy en el día a día de la política nacional. Por ello, el Ejecutivo podría revisar el fraseo de esa definición, además de mejorar el actual código nacional de integridad científica y el reglamento posterior para que se logre separar la paja del trigo en cuestión de investigadores e instituciones y no se convierta en una herramienta de uso político. Por ello, completar el equipo de profesionales en integridad científica que requiere Concytec es indispensable, pues algo tan importante no puede depender de consultores.

Así mismo, la PCM lleva ya varias semanas sin elegir a quien asumiría la presidencia de Concytec, ya la comisión seleccionadora le derivó la terna con tres personas con las credenciales para asumir el puesto. Cualquiera de ellas está en condiciones de asumir el liderazgo de esta institución que lleva más de 3 años con una presidencia interina que no se ha comprometido a hacer los cambios que se requieren.

Finalmente, hay aún un proyecto de ley pendiente sobre la tipificación como estafa agravada del fraude científico elaborado por la Comisión de Ciencia, Innovación y Tecnología, pues implica las consecuencias penales para estos infractores. Un aspecto pendiente y relevante es que Concytec pueda tener las facultades de solicitar el levantamiento de los secretos bancarios y de comunicaciones de estos sospechosos, como lo hizo la Comisión Investigadora del Congreso, pues así, sí podría confirmar los casos de compra y venta de autorías. Con ello se tendría el marco normativo para sancionar el fraude científico en el Perú, país que sería uno de los pioneros en su implementación.