Secuestros S. A.

La industria del secuestro, que siempre tuvo épocas de auge y períodos en los que se moderaba el accionar delincuencial, ha revivido con una brutalidad mayor. Durante los días terribles en que la vida de la empresaria Jackeline Salazar pendía de la voluntad de sus secuestradores, quienes amenazaban con mutilarla para acelerar el pago, otro empresario minero en La Libertad era retenido por la fuerza, luego de que sus captores asesinaran a sus dos guardaespaldas en Pataz.

El rescate de la joven terminó gracias a un operativo policial exitoso. Queda para la historia la acción de inteligencia policial que logró dar con el lugar donde la tenían retenida.

El aprovechamiento político y la puesta en escena ya son otra cosa. Una figura impostada de un ministro que se entera en vivo, y con cámara al aire, del rescate exitoso solo deja dudas y críticas. La vida humana no puede ni debe ser utilizada para mejorar la imagen alicaída de un gobierno que no es capaz de liderar con éxito una lucha sostenida y organizada contra la delincuencia que asola el país de norte a sur.

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Los expertos señalan la falta de norte en la lucha por la seguridad ciudadana. El descontrol se hace más evidente cuando, ante la violencia en las calles, se quiere responder con estados de emergencia inservibles y presencia militar que poco aporta, por su desconocimiento de la materia. El caso de San Juan de Lurigancho o el del propio Callao son prueba irrefutable del fracaso.

Por lo mismo, urge la existencia de un plan integral que tenga un gran componente preventivo y que movilice a diferentes estamentos de la gestión, como son los Gobiernos locales y regionales.

Se trata de recursos humanos y de presupuesto destinados a la protección de los ciudadanos, con un liderazgo claro y comprometido, que no esté pensando en el golpe efectista e inmediato de la foto y el grito vacuo, sino en el mediano plazo, con resultados medibles y con evidencia científica de los logros obtenidos. Hay que pensar en la gente, y no en conservar el puesto.