La ignorancia deliberada que nos hace cómplices, por Hugo Otero

Los gremios empresariales han expresado su preocupación por el riesgo de que Perú sea incapaz de cumplir con sus obligaciones financieras y pierda el grado de inversión. Esto significaría una pérdida de la confianza por parte de los inversionistas, lo que podría resultar en un encarecimiento del financiamiento tanto para el sector público como privado con la pérdida de miles de empleos.

La calificadora de riesgo de inversiones S&P Global Ratings informa que la preocupante situación peruana se debe a la creciente incertidumbre política y advierte que esto aumenta sobre todo frente a la próxima elección presidencial del 2026. Por su parte la calificadora Fitch Rating también mantuvo la calificación negativa que incluye gobernanza, ingreso per cápita y otros indicadores sociales que considera débiles.

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Los gremios han urgido al Congreso y a la Presidenta Boluarte a llegar a un acuerdo y resolver la crisis. Sin embargo, estos dos poderes, ampliamente desaprobados por el 90% de la población, se muestran incapaces de abordar la situación de manera efectiva debido a la persistencia de la corrupción y la influencia de mafias que saquean, enriquecen y agravan la crisis.

Quienes instan al Congreso y a la Presidenta Boluarte a resolver la crisis, ignoran deliberadamente la depredación y la destrucción del Estado perpetrado por las mafias allí enquistadas. Al no denunciar este hecho, se vuelven cómplices, amparándose en la supuesta defensa de una estabilidad política que en realidad no existe.

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Por otro lado,  se ignora el trasfondo de la situación que es eminentemente social con un 85% de la población que subsiste en la informalidad, enfrentando altos índices de pobreza y hambre. Son millones de peruanos que están expuestos a un alarmante riesgo social, viven en condiciones precarias y sin ninguna red de protección social. Su situación se diferencia notablemente de la de los empresarios, cuyos negocios están en riesgo, y de los trabajadores sindicalizados, quienes defienden sus salarios y la estabilidad de sus puestos.

El gobierno acaba de anunciar una reducción en el presupuesto estatal destinado a las universidades nacionales, lo que parece ser el inicio de un ajuste económico para no perder el grado de inversión. Mientras tanto, según una investigación del medio digital Ojo Público, en los últimos siete años, el Perú ha dejado de recaudar 120 mil millones de soles debido a privilegios tributarios aprobados por el Congreso.

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En este contexto, es fundamental que no ignoremos, a raíz de las preocupantes elecciones presidenciales del 2026, que el verdadero poder emana y es del pueblo y no de los mafiosos que controlan el Estado para quedarse en el gobierno y aprovechar el desastre.

Tampoco podemos ignorar que en el combate actual, el foco está puesto en la defensa de la independencia del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) y del Organismo Nacional de Procesos Electorales (ONPE), para asegurar un
proceso electoral legítimo, transparente y justo. Y que ignorarlo deliberadamente nos hace cómplices del fin de la democracia.