Un país fracturado necesita recomponerse, por Humberto Campodónico

Hace unos días, el presidente del BCR, Julio Velarde, dijo: “La reforma del sistema de pensiones debería optar por un esquema de cuentas individuales, aunque sí manifestó que su única desventaja es que los montos serían suficientes si los peruanos viviéramos 140 años” (1).

Eso ya se sabía. Y hace poco lo reiteró Pedro Pablo Kuczynski: “El sistema chileno, copiado en Perú, tiene una falla de nacimiento. Si tú recaudas 10% de los sueldos durante una vida laboral de 35 años, nunca vas a poner una pensión de reemplazo de más de 25%” (Gestión, 12/03/24). Agregamos: solo quienes ganan más  de 2.000 dólares mensuales podrían tener una pensión de reemplazo superior al 50% de lo que ganaban.

Así, el esquema impuesto en noviembre de 1992 con el Decreto Legislativo 25897 no funciona para la mayoría (2). Pero sí para las AFP, cuyos ingresos, solo en el 2023, fueron de S/1.138 millones, de los cuales S/486 millones fueron Utilidad Neta (el 43%).

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PPK agrega: “Las comisiones que cobran las AFP son leoninas. (El aporte es) 10% de la remuneración y sobre eso cobran 1% a 2% de comisión, más un seguro de vida, o sea, 3%. Si eso estuviera invertido (aporte del trabajador), evitarían una gran parte del problema. Eso es inviable” (ídem).  

Y sigue: “El sistema creó una categoría de administradores que tienen un monopolio”. Cierto. Cuatro AFP tienen un mercado cautivo. A diferencia de otros países, estas rotan cada cierto tiempo. Por tanto, deben entrar “otros jugadores”.

Ha habido muchas propuestas de reforma. La primera fue del Banco Mundial en el 2004. Ahora están la propuesta del MEF (octubre 2023) y otra de la Comisión de Economía del Congreso. En el 2022, hubo una propuesta de la Asociación de AFP, una de cuyos ejes es que “el afiliado reciba, en su Cuenta Individual, a lo largo de su vida laboral, el 1% del IGV pagado”. O sea que el Estado vendría en ayuda del trabajador. Pregunta: ¿la AFP cobraría, también, comisiones por ese 1% del IGV?

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El fondo: debe haber una reforma integral de las pensiones, privadas y las de la ONP, en camino a una pensión universal. Por ahí va la propuesta del MEF 2023, que parece no gustarle al MEF 2024. Regresaremos sobre el tema.

Salario mínimo: ¿sí o no?

Dice la Constitución de 1993: “Las remuneraciones mínimas se regulan por el Estado con participación de las organizaciones representativas de los trabajadores y de los empleadores” (Art. 24). Eso le corresponde al Consejo Nacional del Trabajo (CNT), en el que participan de manera tripartita el Gobierno, empresarios y sindicatos.

Pero no se cumple, si bien el régimen fue aprobado en el 2007 por el CNT. Habría una revisión cada dos años y, para calcularlo, una proyección a futuro de la inflación de todos los precios de la canasta familiar, menos los precios de los energéticos y de los alimentos (por su alta volatilidad le llaman inflación subyacente). Y se consideraba también la variación de la productividad multifactorial (PBI, stock de capital, empleo y elasticidades).

Pero la propuesta del CNT no se cristalizó en decreto supremo debido a la negativa de los Gobiernos y la oposición empresarial. Por tanto, el salario mínimo quedó sujeto a la discreción política. Así, en el 2014, el tema no se discutió porque la señora Nadine Heredia dijo que no estaba en agenda. Pero subió en el 2018, el mismo día que se producía la renuncia de PPK. Y así.

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En Chile, se discute todos los años entre el Gobierno y los sindicatos, y se elabora una propuesta técnica (parecida a la nuestra) que va al Congreso. En Colombia, existe una mesa tripartita de Concertación de Políticas Laborales y Salariales. Según la Ley 278 de 1996, el salario mínimo debe quedar definido el 15 de diciembre. La decisión final la toma el presidente de la República.

Si las propuestas técnicas establecen que debe subirse el salario, se procede de esa manera. Si no, no se mueve. Lo central es que hay una institucionalidad y un calendario. No se utiliza a los trabajadores como “carne de cañón política”.

En el Perú, el entrampamiento continúa en el CNT, pues siguen surgiendo “nuevos temas” (desde hace varios años) por parte del empresariado, que pueden ser válidos, pero cuyo propósito pareciera ser alargar la discusión: si debe haber salario mínimo por sectores productivos, si se debe diferenciar por regiones e, incluso, si se ata a la disminución de la informalidad (75% de la población). ¿Hasta cuándo?

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Minería ilegal y “culebra”

Las pensiones y el salario mínimo tienen que ver con el sector formal de la economía y la sociedad. Lo mismo vale para los medicamentos genéricos, la ley de agroexportación, así como los contratos-ley y los peajes, temas hoy en agenda. Lo mismo sucede con la concertación oligopólica de los mercados y la escasa diversificación productiva.

De su lado, la informalidad está íntimamente ligada al (mal) desempeño del sector formal y su escasa capacidad de absorción de los nuevos peruanos al mercado de trabajo. Pero en las últimas décadas, las economías criminales han aumentado exponencialmente. Comenzó con el narcotráfico, se expandió a los lavaderos de oro y a la deforestación, principalmente. Y en casi todos esos sectores la aparición de bandas extranjeras han sido la regla y no la excepción.

Hace pocos meses, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía presentó cifras sobre la producción informal/ilegal (la frontera es borrosa). Nos dice que si bien la producción de oro formal (casi todo se exporta) decrece en los últimos años (ver gráfico), las exportaciones han aumentado como producto de la minería informal/ilegal. Ha dicho Víctor Gobitz que ello equivale al 45% del total de oro exportado en 2022 y que suma US$4.000 millones.

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Se agrega que la producción de oro de Bolivia (informal, en gran medida) equivale al 7% del oro exportado. César Ipenza dice que, según el Colegio de Economistas de Tarija (Bolivia), el 80% de esas exportaciones tiene origen peruano (La República, 08/12/2023): poco menos de dos millones de onzas. La ‘culebra’ del contrabando ahora se desliza también en sentido contrario.

Durante años, el ‘establishment’ formal (económico, político y social) ha mirado de soslayo a las economías ilegales y criminales (sicariato, delincuencia), y su impacto en el poder político, pues algunas ahora cuentan con bancadas en el Congreso y ramificaciones en todos los niveles de Gobierno.

Hace tres días, el sector empresarial y organizaciones sindicales presentaron cifras sobre el costo de la criminalidad (S/35.000 millones en el 2022, el 3,5% del PBI) y propuestas para luchar contra la criminalidad. Estuvo Capeco, la Federación de Construcción Civil, la Confiep, la CGTP, la SNI, ADEX, entre otros.

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Y le pidieron al Ejecutivo que tome medidas para combatirla, casi todas centradas en acciones policiales y soluciones inmediatas para garantizar la seguridad y la vida de los ciudadanos. Lo cual está bien, pero no alcanza. Se necesitan nuevas políticas que, incluyendo lo anterior, tengan en cuenta que no solo existe el Perú formal que, además, es concentrado, oligopólico y excluyente (AFP, salario mínimo, genéricos). Un país fracturado necesita recomponerse.

1)LatinaNoticias, 15/03. https://shorturl.at/lxBOR

2)Pensiones: del mercantilismo a la reforma, 02/09/2020.https://shorturl.at/bgjHK