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Opinión

JNJ: una historia que se repite, por Patricia Paniagua

"Durante meses, la ciudadanía ha sido testigo del asedio constante al que ha sido sometida la JNJ y que nos ha revelado una cadena de acciones orquestadas con el único propósito de removerlos del cargo".

larepublica.pe
PANIAGUA

En los últimos días, las fuerzas autoritarias que cogobiernan han concretado, a través de la Comisión Permanente del Legislativo, un paso más en su ilegal carrera por liquidar a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) y concretar su plan de impunidad y captura de los sistemas de justicia y electoral.

Durante meses, la ciudadanía ha sido testigo del asedio constante al que ha sido sometida la JNJ y que nos ha revelado una cadena de acciones orquestadas con el único propósito de removerlos del cargo. Esto, como sabemos, se traduce en la búsqueda de obstrucción de la acción de la justicia en importantes procesos en curso en el sistema de justicia, como el inicio del juicio de Keiko Fujimori en el caso Cócteles, y, también, al interior del fuero de la JNJ, como los vinculados a la suspendida exfiscal de la Nación Patricia Benavides. 

Además, de concretarse la defenestración de los magistrados de la JNJ, será inminente el copamiento de la institución y, a través de este, la consolidación de la captura de los sistemas de justicia y electoral, en lo que al nombramiento de jueces y fiscales respecta, así como al nombramiento y/o renovación de las jefaturas de organismos independientes del sistema electoral, como la Oficina de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). Todo ello para garantizarles impunidad, al más largo plazo, a las grandes mafias y a la corrupción que, a todo nivel y en todo ámbito, imperan coludidas en nuestro país.

Esta historia no es nueva y nos recuerda vergonzosos pasajes del pasado reciente, la década de los 90, en la que el aparato institucional de nuestro país fue capturado, sometido y puesto al servicio de un gobierno dictatorial, altamente violador de los derechos humanos, y de la corrupción más estructural y miasmática que haya soportado nuestro país.

Este ataque urdido contra la JNJ nos recuerda, en particular, a aquel 1997 en el que el fujimorismo y sus aliados en el Legislativo destituyeron a tres miembros del Tribunal Constitucional, sobre la base de absurdos pretextos, como ahora se pretende con la JNJ, con el único propósito de avanzar sin traba, con su ley de “interpretación auténtica”, en su ilegal carrera hacia la rerreelección del 2000, que consolidaba, como ahora, su captura del poder y de la impunidad.

El 28 de mayo de 1997, ante el Pleno del Congreso de aquel entonces, los magistrados acusados constitucionalmente comparecieron junto con su abogado defensor ad honorem, Valentín Paniagua Corazao, reconocido jurista, constitucionalista, catedrático y político demócrata y opositor a la dictadura. En su alegato final, y frente al evidente anuncio previo de la posición mayoritaria de los legisladores y su inminente decisión, dijo: “De ser así, hoy culminaría un proceso cuyas motivaciones son harto diferentes de las que aparecen en los cargos imputados" y (…)”. Que no se desperdicie la oportunidad de poner paz entre los peruanos, haciendo justicia (…)”. Todos sabemos qué sucedió aquel día, su ilegal destitución significó el "comienzo del fin" de un régimen de facto y sacudió a sectores que permanecían pasivos. Más tarde, la ciudadanía recuperó la democracia y llegaría la sentencia de la Corte IDH que restituyó en sus cargos a los magistrados.

La historia tiene la poderosa tarea de dejarnos lecciones y la MEMORIA de recordárnoslas y, aunque haya a quienes les turbe sobremanera que se levante la voz para hacer frente a la maquinaria de mentiras, difamación, desinformación, negacionismo y posverdad, aquí estaremos.

Ciudadanas y ciudadanos tenemos el imperativo deber de afirmar el relato veraz de la historia y extraer lecciones para, llegado el momento, reconstruirnos sobre la base de verdad y memoria.

Que el golpe que planean asestar contra la JNJ, y contra la institucionalidad democrática y el Estado de derecho en nuestro país, no cuente con nuestro silencio e inacción. Es ahora.

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