País sin ley, por Jaime Chincha

O la crónica anunciada de una muerte lenta, la parca inexorable de la República. Los hechos que leerá a continuación son impunemente ciertos; relatos salvajes de un país que dejó la bitácora y elige el azar del abismo. País sin ley con el ‘Tren de Aragua’ apuntándole a la cabeza. País sin ley con policías que combinan droga con chuño, que manipulan la pistola incautada –en una de las 1.323 comisarías del país sin ley–, para salvarle el pellejo a los bandidos. País sin ley con congresistas capaces de pactar con la minería ilegal, usando dictámenes pendencieros e ilegales; padres de la patria del narcotráfico, el trabajo forzoso y el infantil; la trata de personas, el sicariato, la extorsión, el homicidio, el robo de tierras y la evasión tributaria. La minería ilegal refugia todos esos delitos que el país sin ley no persigue. Y tal como van las cosas que solo ocurren en este país con más de 30.000 leyes de papel, los fiscales que deben acusar a estas mafias ya no serán legítimos una vez consumada la demolición del Ministerio Público. Somos una humareda vista a lo lejos. Las instituciones se derrumban, pero es preferible mirar la hecatombe desde alguna playa del sur. Mejor no hacer olas.

País sin ley que pasó de la enfermedad a la agonía, con las reglas –es decir, la ley– violentándose sin escrúpulos ni ocultamientos.

La presidenta Dina Boluarte despide al comandante general de la Policía, acusándolo de toda la escalada criminal que tiene en vilo al país. Presidenta sin ley a la mano. El general Jorge Angulo solo pudo haber sido echado si se moría, si pedía su retiro, si estaba grave de salud, si estaba condenado judicialmente o si era sorprendido en un delito flagrante. Eso dice la ley 31570. Pero en el país sin ley, la presidenta arrastra a su ministro del Interior a declarar en el Congreso que no hay ley si no hay reglamento que la desarrolle. Un país sin ley brega su anomia cuando, quienes lo gobiernan y lo representan, usan las instituciones para hacer de las suyas y hacerse de lo que bien puedan. “Nicanor no trabaja para el Estado, está en su total libertad de recibir –discúlpenme el término criollo– a quien se le pegue la gana”. La presidenta lleva el estandarte de este país sin ley que faculta a Nicanor Boluarte hacer para sí a los prefectos –cuyos sueldos salen del fisco que mantenemos con nuestros tributos–, para fundar el ansiado partido de la familia. El jefe del gabinete respalda en público el desaguisado. El señor Otárola no tiene mucho que reclamar pues también coge la ley para quebrantarla. Gobierno sin ley.

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El ministro de Economía presenta el presupuesto y lo discute con el Congreso. Eso dice la ley. Pero ni la Constitución, ni ninguna otra ley de la República del Perú, dice que el ministro debe convenir el presupuesto tramando ilegalidades. Fuentes dignas de todo crédito coinciden en que el señor Alex Contreras aceptó todos y cada uno de los pedidos –uno más cuatrero e inconstitucional que el otro–, que un grupo de congresistas le hizo en una encerrona acontecida en noviembre pasado, cuando se fijó la partida estatal del 2024. Un testigo presencial de los hechos indica que, al menos dos legisladores –las fuentes consultadas recuerdan los nombres de Arturo Alegría y José Jerí– le pidieron al señor Contreras incluir un artículo, en la ley de presupuesto, que elimine de facto la facultad de licenciamiento de la Sunedu. Un requerimiento sin parangón y sin Constitución ni ley en el mundo moderno que lo refrende.

Contreras, como si hubiese sido inoculado de extorsión, llevó presuroso la indicación de colocar en la ley el anfo y la dinamita necesarios para desaparecer lo que queda de la Sunedu. Contreras encontró resistencia entre sus funcionarios. A los congresistas señalados por nuestro testigo les llegaron rumores de la renuncia del entonces viceministro de Hacienda, José Carlos Chávez. Para evitar que el escándalo trascienda, Alegría y Jerí habrían contactado a Chávez para pedirle que, por favor, no dimita. Si lo hacía, quedaban al descubierto. Pero Contreras saldaría cuentas con el rebelde de Joseco, acusándolo de algo que no hizo y que tampoco tenía que hacer. El plan del artículo expreso contra la Sunedu abortó. A cambio, Contreras aceptó una teleferia de pedidos congresales, todos ilegales. El ministro de Economía, con tal de respirar tranquilo consiguiendo aprobación del presupuesto, dio luz verde a una retahíla de proyectos de inversión que los padres de la patria exigieron sin condición. Contreras transó con ellos, a puerta cerrada y al margen de la Constitución. El Congreso no tiene capacidad de gasto, pero eso no importa ya en el país sin ley. Aunque Contreras sabe cuando se está al margen de la ley. El pasado sábado 25 de noviembre, alguien le advierte que la lista de partidas, obras, bonos y aumentos que se habían ganado muchos congresistas –a cambio de votar verde al presupuesto– estaba publicada en la página web del MEF, porque así lo dice la ley de transparencia. Pero en el país sin ley, un ministro ordena que se bajen de la red la evidencia del chantaje. Y así se hizo, al día siguiente. Ministro sin ley.

El alcalde de Lima quiere administrar los peajes de Rutas de Lima. Hay un contrato de concesión que no le permite hacer eso. El alcalde instala una narrativa que va contra la ley. El alcalde desnuda su frenético deseo de engordar el presupuesto de la Municipalidad de Lima. Son, grosso modo, 500 millones de soles al año que recauda la concesión. Dice el alcalde que Odebrecht mantiene el 25% de las acciones, lo cual es cierto. Lo que el señor alcalde no dice es que, entre los papeles apilados en su despacho, existe un documento que le propone botar a los brasileños. Rutas de Lima se lo ha enviado hasta dos veces, la última en enero pasado. El alcalde insta a sus vecinos a denunciar a la concesionaria. El alcalde llama “ley corrupta” al andamiaje normativo establecido con el caso Lava Jato, que impide a los brasileños sacar dineros al extranjero. La judicialización de la barbarie. Usa el sambenito de una alcaldesa que abdicó a la batucada de la corrupción. El alcalde no dice que, cuando fue regidor en el año 2009, votó a favor de la Línea Amarilla de OAS; algo que le abrió la puerta al carnaval del Rey Momo sobre el río Rímac. Alcalde sin ley.

Presidenta, premier, ministro y alcalde sin ley terminan siendo la antorcha que guía este sálvese quien pueda nacional. Un país entero se vuelca al marasmo de lo desconocido. Un país sin ley que, contradictoriamente, todavía cree en la leyenda de la peruanidad divina que nos sacará de este remolino sin retorno. Un país sin ley que puede terminar en una batalla campal, en un saqueo normalizado del todos contra todos. La Conversación en La Catedral ya tiene la respuesta que esperaba. Un país sin ley, es un país que se ha jodido, Zavalita.