El conflicto social como pata de cabra, por Augusto Álvarez Rodrich

Machu Picchu es un gran desafío para el gobierno pues lo enfrenta a una paralización que puede desprestigiarlo aún más, y a un conflicto que podría liquidarlo.

Los promotores de la protesta buscan, por un lado, que el gobierno retroceda en el ordenamiento de Machu Picchu —lo que requiere desarmar a las mafias que ahí operan—, reforzando su imagen de debilidad y mediocridad para aplicar políticas públicas.

Por el otro lado, pretenden recrear las condiciones de las protestas de hace un año, propiciando hasta muertes que sin duda serían lapidarias para un régimen con pésimo récord en la materia.

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La paralización en Machu Picchu se agrava por la evidencia de que sus promotores no buscan mejorar su atractivo para el turismo, sino asegurar prebendas de las mafias, y nutrir aspiraciones políticas de algunos.

Ambos objetivos van de la mano, como aprendieron a hacerlo con mucha efectividad durante el gobierno de Pedro Castillo, en el que se organizaban, desde el propio estado, conflictos sociales que paralizaban las operaciones empresariales formales, en beneficio de las distintas vertientes del crimen organizado, principalmente en la minería, pero, también, en el narcotráfico, la tala y la trata de personas.

El turismo también estuvo en la mira, con Betssy Chávez como protagonista. Primero desde el ministerio de trabajo promoviendo huelgas de aeropuertos en plena semana santa. Luego, desde el ministerio de cultura, alimentando a las mafias de la venta de boletos para el ingreso a Machu Picchu.

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En esta paralización vuelven a coincidir varios protagonistas del gobierno de Castillo, desde los mismos operadores en el turismo, hasta los socios políticos Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza, con sus partidos y bancadas.

Eso fue obvio ayer, cuando, lamentablemente, se confirmó lo previsto en esta columna: la mesa de diálogo es una farsa que usa como pretexto el convenio con Joinnus para impedir la transparencia en el boletaje de ingreso a Machu Picchu. Para que se mantenga el esquema preferido por las mafias.

Como suele ocurrir, el conflicto social como pata de cabra de mafias y políticos para afianzar negocios turbios y agudizar la situación política.