(*) Directora de Gobierno de la U. de Chile.
El domingo 17 de diciembre casi un 56% del electorado chileno dijo estar en contra de la propuesta de nueva constitución elaborada por el Consejo Constitucional. Se repitió, así, el resultado del 4 de septiembre de 2022, cuando un rotundo 62% rechazó la propuesta de la Convención Constitucional. En un hecho histórico, un país que en 2020 se inclinó con casi un 80% de los votos por una nueva constitución, fracasó dos veces en el intento de conseguirla.
Mientras que la Convención quedó cargada a la izquierda, con una mayoría de independientes y representantes de movimientos sociales, el Consejo fue liderado por el nuevo Partido Republicano, de extrema derecha, surgido en 2019. La mayoría “independiente” electa en mayo de 2021 y la mayoría del Partido Republicano vencedora en mayo de 2023 configuraron dos bloques políticos inusuales: el primero a la izquierda y el segundo a la derecha del electorado. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, ambos comparten un rasgo común: la impugnación de los liderazgos políticos y la política tradicional.
La ciudadanía votó en 2022 y en 2023 en contra de dos propuestas que se encontraban en extremos opuestos del espectro político. Paradójicamente, este electorado aparentemente moderado no tiene un correlato en plataformas programáticas o partidos de centro capaces de concitar adhesión. Los partidos que tradicionalmente representaron las principales opciones intermedias en el eje izquierda-derecha han tenido pobres resultados en comicios recientes.
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En la elección del Consejo Constitucional de mayo de 2023, tres partidos moderados: Partido por la Democracia (PPD), Partido Radical (PR), y Partido Demócrata Cristiano (DC) compitieron unidos en una coalición centrista bautizada como “Todo por Chile”. No obtuvieron ni uno solo de los 50 asientos en el Consejo, mientras que la coalición de izquierda se quedó con 16, la derecha tradicional con 11 y el nuevo Partido Republicano, fundado en 2019, obtuvo 23. Dos años antes, en la elección de la Convención Constitucional de mayo de 2021, el PPD obtuvo 3 de los 155 asientos, el PR 1 y la DC 2. Si el electorado chileno se ha mostrado más moderado que las propuestas constitucionales plebiscitadas en 2022 y 2023, eso no se ha traducido en votos por representantes de los partidos antes mencionados.
Lo que parece predominar en el Chile actual es un voto negativo y anti-establishment. Esto podría explicar los sorprendentes resultados de independientes de izquierda que en 2021 impugnaban, desde fuera de los partidos, al sistema político, y del Partido Republicano en 2023, un actor aún no “contaminado” por el ejercicio del poder y severamente crítico de la derecha tradicional.
La política chilena arrastra, desde hace al menos una década, una creciente brecha entre representantes y representados que se manifiesta en un severo problema de mediación política. Algunos partidos y sus dirigencias, incapaces de sintonizar con la ciudadanía, se han visto tentados a denostar la política y a los políticos. Es decir, de negar su propia naturaleza, ahondando aún más su desprestigio.
No hay recetas para eludir una deriva que parece afectar a todos los sistemas democráticos, incluso los más consolidados. Sin embargo, empezar por reconocer el problema y enfrentar con humildad la compleja tarea de representar podría ser un primer paso. Junto con el trabajo de movilizar electorados y obtener votos, los partidos deberían plantearse que ello no puede ser a cualquier precio, y empezar a diseñar estrategias que permitan una articulación ciudadana capaz de concitar mayor adhesión.