Cierra puertas congresal, por Ana Neyra

Tomo el nombre de un título ingenioso de un programa reciente de Epicentro. Aunque los “cierra puertas” suelen traer buenas ofertas, este cierre de la legislatura congresal más bien trae casi puras malas noticias.

Lo que más se había publicitado —la remoción arbitraria de la totalidad de integrantes de la Junta Nacional de Justicia— no se llegó a concretar. Ello, según reportaje de ‘Punto final’, parece más motivado por capitalizar del “río revuelto” de la investigación contra la fiscal de la Nación suspendida, por sectores políticos (se señala a Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Perú Libre) y el propio Gobierno, antes que por el invocado debido proceso. Y es más una dilación que una decisión final.

Pero todo lo demás anunciado no solo se concretó, sino que vino “corregido y aumentado” para desgracia del Estado y beneficio de intereses particulares. Se destaca (por terrible) el debilitar la “colaboración eficaz”, un mecanismo que ha permitido el avance de investigaciones penales y que, por su propia naturaleza, difícilmente se podrá materializar en los ocho meses que ahora se le pone como límite para el testimonio y su inicial acreditación. En educación, se prorrogó la posibilidad del bachillerato automático (hasta marzo 2024), así como que aún se pueda ser docente universitario sin grados académicos (hasta fin de 2024).

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Además, de manera inconsulta (a la ciudadanía y, especialmente a los pueblos indígenas, en el marco del Convenio 169 de la OIT), se aprueba por insistencia la modificación de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, lo que pone en riesgo a la Amazonía e incrementa el ya existente peligro de los defensores ambientales, sometidos al crimen organizado de tala ilegal, agricultura y minería ilegales, tráfico de tierras, que también permite la trata de personas alrededor de este accionar delictivo.

Por si fuera poco, se encargaron de eliminar las elecciones primarias, que implicaban la posibilidad de que toda la ciudadanía, al mismo tiempo y como si fuera una votación ordinaria, acudiera a ayudar a definir la oferta de los partidos políticos entre diferentes precandidaturas. El objetivo mínimo era evitar que solo el dinero y notoriedad —a decisión de las cúpulas partidarias— definieran quiénes podían tener una candidatura, y también que solo participaran en la elección los partidos que consiguieran una cierta cantidad de votantes respecto de sus precandidaturas.

Con la modificatoria, las elecciones internas se vuelven una alternativa más de los partidos, que generalmente han optado por selecciones indirectas a través de delegados (militancia elige a delegado/a, delegado/a elige a candidatos/as). No contentos con esto, vuelven a un esquema de adherencias a partidos para la inscripción, lo que ya ha demostrado ser una barrera de acceso al sistema político: recolectar firmas requiere recursos y además muchas veces ha generado intentos de falsificación. Estas firmas, además, no prueban ninguna vinculación con el partido, del que uno puede desentenderse a segundos de “adherirse”.

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De igual modo, sin mayor debate, cuasieliminan a los movimientos regionales, los cuales, pese a que solo pueden participar en un departamento o región, ahora deberán recolectar firmas respecto del padrón nacional para constituirse. En la práctica, eliminan la participación regional a través de estos espacios, en beneficio de partidos nacionales, deslegitimados y que se mantienen por cerrar el acceso y cuidar la “franquicia” vacía, además de darse autoamnistías frente a sanciones (como la de las multas de financiamiento político que acaba de dar el Congreso).

En medio de tantas aprobaciones arbitrarias y sin preocupación por el interés público, bonos y búsqueda de impunidad, el 91% de los peruanos desaprueba al Congreso. ¿Creen que así ganan legitimidad?