Con cargo a redacción…, por Marisa Glave

La sed de venganza de nuestros legisladores es voraz y nubla su juicio al punto de hacerlos perder el pudor. Han transformado la precarizada arquitectura institucional peruana en el tablero de un juego político lapidario. Pero no es un ajedrez, es una especie de versión peruana del juego del calamar. Lo importante es la supervivencia de uno. La muerte del otro no importa, incuso se celebra.

La distorsión del juego lleva a la destrucción de las reglas. Los procedimientos no importan. Si el cuidado del fondo de los principios democráticos se perdió hace un tiempo, ahora incluso las formas desaparecen. Lo que cuenta en el Congreso es la suma de votos para avanzar en la destrucción institucional.

El miércoles tuvimos una muestra más de la dinámica lapidaria. El equipo técnico de la Comisión de Justicia preparó un informe recomendando un llamado de atención a la Junta Nacional de Justicia (JNJ) por sus declaraciones públicas en torno a la sanción que el Congreso le impuso a la exfiscal Zoraida Ávalos, pero negando la existencia de una falta grave que sí sería una causal para la destitución de los miembros de la JNJ.

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Normalmente un equipo técnico dialoga con el/la presidenta de una comisión y emite un juicio fundamentado que busca guiar la reflexión colectiva del colegiado. Esta vez no hubo ni espacio para la reflexión. La reacción virulenta de Perú Libre —la supuesta izquierda radical parlamentaria— junto a Fuerza Popular, Renovación Popular y Avanza País —la derecha extrema congresal— fue tal que la presidenta ni se animó a sustentar su informe. De hecho este quedó descartado y el debate viró 180 grados, llevando a la comisión a aprobar un informe “con cargo a redacción” que concluya que sí hubo faltas graves de los miembros de la JNJ.

El “con cargo a redacción” no es menor. No hubo un debate que hiciera que el equipo técnico se vuelva a reunir, vuelva a redactar un informe que fuese nuevamente sometido a debate de la comisión. Simplemente se señalaron las conclusiones a las que se debía arribar —declarar a como dé lugar la comisión de falta grave— sin importar los fundamentos y el análisis. El fin justifica los medios. Las causas y la línea argumental expuestas no son relevantes siempre y cuando se tenga la conclusión deseada.

Es así porque las razones de fondo son ideológicas y subalternas. Por un lado, hay intereses convergentes que buscan capturar la instancia que tiene poder de selección y sanción a jueces y fiscales, en busca de políticas de impunidad. Por el otro, hay el deseo de destruir todo lo que asumen “caviar”. Con esto empaquetan a cualquier servidor público que defienda el debido proceso o el marco institucional democrático. Conscientes de su autoritarismo populista —de derecha y de izquierda— requieren la eliminación pública de quienes defienden la democracia.