Estafas Perú, por Rosa María Palacios

“En materia de protección social, más del 99% de peruanos tiene un seguro médico del cual el 70% corresponde al SIS”, dijo la presidenta Dina Boluarte en la Cumbre de Objetivos de Desarrollo Sostenible en la ONU. La cifra, como se ha explicado, es engañosa. Pero lo que se esconde detrás de ella es una estafa mucho mayor. El congresista Hernando Guerra García necesitaba la noche del jueves pasado urgente atención médica. Contaba con un seguro médico privado y era afiliado a Essalud.

El distrito de Punta de Bombón, provincia de Islay, región Arequipa, tiene 6.500 habitantes. Existe un Centro de Salud del Ministerio de Salud. Un técnico con capacidad de operar un desfibrilador podría haberle salvado la vida. Pero el establecimiento estaba cerrado y el hospital de Essalud de Mollendo, a 40 minutos. Lamentablemente, murió en el camino. Un hombre triplemente asegurado no tuvo la mínima atención médica ante un infarto.

Solo Dios sabe si hubiera sobrevivido, pero el Estado peruano nunca le dio la oportunidad. Si ese es el trato que recibe el primer vicepresidente del Congreso del Perú, ¿de qué protección social estamos hablando? Según un informe reciente de El Comercio, 45% de los establecimientos de primera atención no tienen médicos.

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Eso es una estafa pública que ha costado la vida de miles de peruanos de forma injusta y prematura, como ha sido la trágica muerte de Hernando Guerra García. ¿Cuántas veces en pandemia denunciamos este abandono histórico?

Sunedu ha licenciado a 96 universidades. 49 universidades privadas no obtuvieron licencia por no contar con requisitos mínimos. Así, se puso fin a una estafa que tenía más de dos décadas. Un engaño que se llevó los ahorros de padres y alumnos que creían que lograrían un mejor empleo con un título universitario que no servía en el mercado laboral.

A la vez, muchas de las universidades que sí lograron licenciarse tuvieron que cerrar filiales y carreras que no cumplían con el estándar, para así lograr pasar la valla mínima de calidad que había puesto Sunedu. Parecía que la estafa universitaria había concluido con el cierre de más de 3.243 carreras ofertadas sin bases mínimas de cumplimiento.

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¿Qué pasó? El Congreso, aliado con el Tribunal Constitucional, votó a favor de la restauración de la estafa. Lo que demoró construir siete años, lo destruyeron en siete meses. Las mismas universidades que cerraron más de 3.000 carreras han vuelto a abrir más de 2.000. Ya no tienen que pedir una ampliación de su licencia, lo que llevaría a un examen del cumplimiento de requisitos. Basta con un registro declarativo, sin supervisión, porque ahora “esa es la nueva ley”. El presidente de la Sunedu ha pedido “responsabilidad” voluntaria a las universidades. Tremenda estafa.

La inseguridad en las calles del país es el problema que más angustia a los peruanos en todas las encuestas. El arrebato, el asalto y la extorsión son las modalidades más comunes, más temidas y ante las que estamos más desprotegidos. Se decreta un estado de emergencia para dos distritos limeños y la provincia de Sullana. Se organizan marchas para pedir más estados de emergencia, se aprueban iniciativas legislativas municipales disparatadas, el presidente del Consejo de Ministros anuncia “que no hay muertos” el día anterior a nuevos asesinatos.

 ¿Sirve? No, de nada, ¿qué sirve? Inteligencia policial y patrullaje. ¿Por qué no hay más patrullaje? Porque 50% de la flota policial está para cubrirse de polvo, abandonada en depósitos. Esa inoperancia tiene solución. Pero la estafa de contarnos el cuento de la gran acción policial llena el ojo. Millones tal vez se la crean, o se la quieran creer, porque les da una falsa paz.

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Salud, educación, seguridad. Nada de eso es un regalo del Estado. Pagamos impuestos y algunos pagamos mucho para recibir una estafa en esos tres servicios. Incapacidad, intereses particulares y corrupción, se cargan todos los días como las tres prioridades que un país de ingresos medios debe tener.

Pero estamos estancados en lo económico y rumbo a perder toda forma democrática de Gobierno. Otárola, jactándose ante una rendida audiencia en Perumin, que lo aplaudió a rabiar esta misma semana, lo ha anunciado: “No le temblará la mano”, dice, para volver a hacer lo mismo contra el que ose protestar contra su Gobierno. Es decir, ofrece 49 muertos, otra vez. Un país democrático, sin derecho a la vida, es la más grande de las estafas. ¡Qué suma de tristezas!