La cara más brutal del Perú, por René Gastelumendi

En el 2022, el Perú registró 1.626 niñas de 10 a 14 años que fueron madres. Un promedio de 1.100 menores de 15 años se convierten en madres en nuestro país. Según estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa), 8 de cada 10 niñas que salen embarazadas abandonan sus estudios. Un desastre socioeconómico. Además, de enero a abril de este año se atendieron 2.549 casos de violación sexual.

Hablamos solo de aquellos que se denuncian, la realidad es aún más brutal. En menos de 2 meses, 2 casos nos enrostran cómo viene funcionando nuestro sistema de justicia en estos temas.

El primero es el de la niña Camila, quien tenía solo 9 años cuando su propio padre empezó a violarla. Sí, su propio padre, porque la mayoría de las violaciones ocurren dentro del entorno familiar y no en los baños de los aeropuertos.

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Después de 4 años de haber sido violada, Camila quedó embarazada a los 13. Fue llevada al hospital de Abancay por un familiar y allí manifestó, claramente, que no quería tener un hijo de su padre. No la escucharon ni se le informó su derecho a solicitar un aborto terapéutico, legalmente permitido en el Perú, pese a la situación en la que ella se encontraba física y mentalmente.

Gracias a Promsex, el 2020 su caso llegó a instancias internacionales. Los médicos la habían presionado para que continúe el embarazo a tal punto que la visitaban hasta su hogar, lo cual propició su estigmatización frente a su comunidad y no pudo con el colegio.

Como si esto fuera poca violencia, cuando se inició un proceso judicial por violación en contra de su padre, ella tuvo un aborto espontáneo que le acarreó un proceso penal, la criminalizaron. Casi 3 años luego, la ONU determinó que el Estado peruano había violado los derechos a la salud y la vida de una niña indígena y rural.

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Apenas 2 meses después, nos estalla en el corazón la historia de Mila, una niña de 11 años que fue violada sistemáticamente por su padrastro (otra vez, el entorno familiar, no los baños) hasta que quedó embarazada y la junta médica del hospital de Iquitos consideró que no se le debía practicar el aborto terapéutico. 13 semanas de gestación y el acusado de violarla está libre porque no le dieron prisión preventiva. ¡Qué país!