Alerta por Guatemala

Guatemala vive su hora más decisiva. Mientras las movilizaciones ciudadanas no cesan en demanda de pleno respeto a los resultados obtenidos en la primera vuelta electoral, el 25 de junio pasado, y la comunidad internacional se mantiene expectante, el Ministerio Público inhabilitó a uno de los dos partidos ganadores de esa ronda, el Partido Semilla.

Esta decisión judicial ha sido rechazada por diversas instancias, incluida la definitiva, la Corte Constitucional (CC) de Guatemala, que determinó que cuando existe un proceso en marcha no se puede desafiliar a una organización política. Hacerlo representa violentar las leyes y la propia Constitución.

En tanto, el Tribunal Supremo Electoral ya determinó que pasan a segunda vuelta, este 20 de agosto, el representante del Partido Semilla, Bernardo Arévalo, y la candidata del Partido UNE, Sandra Torres, como los más votados.

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El portavoz del Departamento de Estado ha lanzado una alerta sobre esta situación y ha reclamado respeto a la legalidad de las intervenciones e interpretaciones que se hagan en esta etapa para no alterar el curso que deben seguir los comicios.

Señala que se trata del proceso electoral más observado de la historia del país y saluda la determinación del Tribunal Supremo de quienes pasan a segunda vuelta. En tanto, se celebra en el país la decisión de la CC, al derrotar la intentona del Ministerio Público de dejar fuera de la carrera electoral al Partido Semilla.

Bernardo Arévalo, el candidato que rompió la voluntad de la coalición mafiosa en el poder y remontó el 3% que mostraba en las encuestas para colocarse entre los dos primeros, ya reinició su campaña propagandística basada en la lucha contra la corrupción.

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Su permanencia en la carrera electoral se sustenta en la movilización ciudadana, que ha enfrentado a la maquinaria corrupta que fue controlando cada uno de los cargos públicos y tomó también el sistema electoral, judicial, etc., para garantizar que fuera un candidato suyo el ganador.

La clave para los siguientes días es mantener la vigilancia internacional que reclame ante cualquier alteración de la voluntad popular y dé soporte a la ciudadanía guatemalteca en su lucha por la democracia y contra la corrupción.