La tarea de julio, por Indira Huilca

El balance que Dina Boluarte ha ofrecido al país cumplido seis meses de su presidencia no lo cree ni ella misma ni sus aliados. Los términos con los que se ha referido a sus supuestos logros —estabilidad, confianza y sosiego— sirven más bien para identificar todo aquello de lo que carece el período y que su Gobierno de mano dura y torpe no puede garantizar. No por gusto un 67% de la ciudadanía considera la gestión de Boluarte mala y muy mala (Encuesta del IEP de junio).

Lo que Boluarte presenta como su principal logro, la “preservación del orden democrático y del Estado de derecho”, funciona también como el reverso de lo que en realidad vivimos: una democracia en ruinas, de la que apenas queda el nombre, ensuciado en la boca de ministros y ministras que justificaron o negaron masacres y cuya permanencia en el poder, como la de Boluarte, es un permanente recordatorio del pacto de impunidad que sostiene a la política peruana.

Es evidente que en ese pacto de impunidad participa el Congreso de la República, inoperante frente al encargo de poner en marcha una comisión investigadora acerca de las responsabilidades políticas en el uso abusivo de la fuerza y las víctimas fatales en el contexto de las movilizaciones de diciembre y enero.

PUEDES VER: Ahora, la Mesa, por Raúl Tola

En lugar de eso, las y los parlamentarios iniciaron un desvergonzado proceso de repartija de instituciones como la Defensoría del Pueblo y el Tribunal Constitucional, amén de un programa de contrarreformas y modificaciones destinadas a capturar el JNE y la ONPE, para diseñar una cancha electoral en la que solo ellos pueden jugar (reelección disfrazada de bicameralidad), en la perspectiva de asegurar el poder por largos años. En esa ruta, hasta se dieron maña para inhabilitar de la función pública a la exfiscal Zoraida Ávalos, en castigo por no participar de las maniobras del Congreso contra el entonces presidente Pedro Castillo.

Impunidad pese a la evidencia y a las denuncias de los organismos internacionales de derechos humanos, hiperconcentración de poder en el Congreso, ineficacia del Ejecutivo ante las emergencias climáticas y de salud pública, nulos resultados en el campo de la reactivación económica. Ese es el orden democrático que la presidenta y la coalición defienden, llevando a rastras a la moribunda Constitución de 1993.

PUEDES VER: Lavar el MP con jabón San Martín, por Augusto Álvarez Rodrich

Como vemos, más allá de su permanencia en los cargos, no es mucho lo que los integrantes de esta coalición defienden. Y es mucho menos lo que tienen en común. Por ello, empiezan a hacerse notorias las fisuras en este bloque dominante. Por un lado, en el espectro de la derecha parlamentaria, el fujimorismo se desmarca en busca de juego (y cronograma) electoral propio, teniendo como principal urgencia evitarle la cárcel a su corrupta lideresa. También sectores de los medios antes pasivos o complacientes (Expreso, América TV, Frecuencia Latina, Panamericana, entre otros) comienzan a golpear selectivamente al Gobierno y al Congreso. Por último, la relación entre el Ejecutivo y los altos mandos de las Fuerzas Armadas ha pasado a la congeladora, lo que a su vez debilita la posición de Otárola como el “hombre fuerte” del régimen.

No obstante encontrarse el Gobierno aislado y deslegitimado, para las fuerzas democráticas de la sociedad sigue siendo un problema cómo convertir el rechazo mayoritario en acción y movilización activa. Si la calle no se combina con otras formas de lucha, se aísla, agota y se debilita. La jornada de este 19 de julio debe ser el inicio de la formación de un bloque amplio y unitario en el que se organicen a nivel nacional las fuerzas de resistencia contra Dina Boluarte y la dictadura parlamentaria.