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Opinión

Justicia TV, por Raúl Tola

Yovera y sus abogados insistieron en que la audiencia fuera transmitida por el canal del Poder Judicial. Ahora queda claro por qué lo hicieron”. 

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Ha sido muy instructivo poder seguir, a través de la cuenta de Facebook de Justicia TV, la audiencia final de la querella por difamación que Alberto Gómez de la Torre Pretell interpuso contra el periodista Daniel Yovera. El juicio fue motivado por el documental The Sodalitium scandal, que Yovera publicó en 2016 en el medio internacional Al Jazeera. Ahí, miembros de la Comunidad Campesina de Castilla (Piura) denunciaban haber sido despojados de sus tierras por la Asociación Civil San Juan Bautista —razón civil vinculada al Sodalicio de Vida Cristiana— y por la organización criminal La Gran Cruz del Norte.

Gómez de la Torre, quien fue representante de San Juan Bautista, inició la demanda tres años después de emitido el informe, dando inicio a una penosa caminata por el desierto para Yovera, que pareció terminar en 2022, cuando un juzgado declaró la prescripción del caso, pero se reinició hace un mes porque, a raíz de que retuiteó el reportaje, una sala de la Corte Suprema calificó al delito como “continuado” y reabrió el proceso.

Desde ese momento, Yovera y sus abogados insistieron en que la audiencia fuera transmitida por el canal del Poder Judicial. Ahora queda claro por qué lo hicieron y por qué fue un triunfo que el juez Arnaldo Sánchez lo permitiera. Los relatos pueden ser objeto de errores y manipulación, y ninguno se compara con la experiencia de presenciar a las partes en vivo, contraponiendo sus argumentos.

Gracias a la transmisión pudimos ver, hacia el final de la audiencia, ese impagable momento en que el juez Sánchez preguntó al querellante cuáles eran, a su parecer, los términos que Yovera había empleado para lesionar su honor. Gómez de la Torre intentó referirse a los testimonios incluidos en el documental, pero, a insistencia del juez, terminó reconociendo: “El querellado, como le dije, no ha dicho nada”.

De este modo, reconoció que Daniel Yovera no tenía responsabilidad alguna, pues en su caso se aplicaba la doctrina del reporte fiel, que, según la Relatoría Especial para Libertad de Expresión de la OEA, dice que “la reproducción fiel de información no da lugar a responsabilidad, aun en los casos en que la información reproducida no sea correcta y pueda dañar el honor de alguna persona”.

Pero, además, la respuesta de Gómez de la Torre deja una interrogante en el aire: ¿por qué, si no había dicho nada que lesionara su honor, demandó a Yovera? La respuesta son esos seis años de proceso judicial, con la pérdida de tiempo, la preocupación y los gastos de dinero que, en la práctica, funcionan como una sanción para los periodistas. Hay que tener el carácter bastante templado —algo que ocurre con personas como Yovera, Paola Ugaz o Pedro Salinas— para soportar esta trituradora de carne y no sentirse empujado a bajar los brazos, abjurar de las denuncias o, lo que es igual de malo, autocensurarse. Felizmente, están ahí.

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