Hay consensos mínimos: elecciones y justicia, por Irma del Águila

Alberto Vergara, Rodrigo Barnechea y otros observadores políticos enfatizan la extrema fragmentación del país y el vaciamiento de la democracia peruana. En efecto es así, pero no es menos cierto que, en la coyuntura actual, el Gobierno ha rebasado líneas de lo habitualmente tolerable y con esto ha rayado la cancha: la encuesta de mayo del IEP muestra un campo heterogéneo pero mayoritario, 82% de peruanos exige elecciones generales antes del 2026 y 81% señala que se violaron los derechos humanos durante la represión de las protestas (71% puntualiza que hubo “excesos” de las fuerzas del orden).

Así pues, el “otro” lado de la cancha, no ocupa, en términos demográficos, la otra mitad del “campo de juego”. Esa minoría, entre 6% y 15%, permanece atrincherada en el área de penales.

El aparatoso cogoteo de María del Carmen Alva a la congresista Francis Paredes que votó contra la bicameralidad (en buena cuenta, una reelección encubierta) y el anuncio de Dina Boluarte de quedarse “hasta el 2026” —preocupada por apuntalar un mandato que no se sostiene por sí solo— ponen en evidencia la misma precariedad: un suelo colapsable ante la imposibilidad de construir una pizca de legitimidad.

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La encuesta de mayo del IEP no da para que abriguen muchas esperanzas. La desaprobación de Dina Boluarte que se mantiene en 79%, no es solo un asunto de la “baja popularidad” a secas. La cifra guarda una estrecha correlación estadística con el pedido del 82% de peruanos de ir a elecciones generales antes del 2026 (92% de los que desaprueban su gestión) y con la percepción que tiene el 81% de que se violaron los derechos humanos en la represión de las manifestaciones (90% de los que desaprueban su gestión). En cristiano, existe un consenso mínimo en las mayorías nacionales que exigen la salida de Dina Boluarte ante eventos intolerables y la necesidad de convocar a elecciones generales para buscar, al menos, un respiro político.

Ese piso común en el que se mueve ahora mismo la sociedad peruana, habla de percepciones ciudadanas sobre lo que resulta inadmisible en política. Un piso que es en buena cuenta una línea de flotación: elecciones generales, ya, y justicia para las víctimas de las masacres. Una investigación fiscal seria a la presidenta Boluarte, el premier y los mandos militares y juicios con garantías jurídicas mínimas.

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Lamentablemente para el Perú, esos consensos no se traducen en la intención de “coser” los mínimos en el campo de la acción política. No hay voluntad de sondear siquiera acuerdos que pudieran darse entre fuerzas políticas, que se darían en cualquier democracia con un sistema de partidos más o menos existente. Ahí es donde la fragmentación política hace lo suyo, cada clan permanece parapetado en su reino pequeño, uno de Taifa enfrentado a otros. Una desafección por la gente de a pie, aunque se revista de épica, invocaciones o consignas de lucha.