Y más poder, por Paul Maquet

La alianza que controla este Congreso —rechazado por el 90% de la población— continúa con su plan para copar todos los poderes institucionales. Ahora le tocó a la Defensoría del Pueblo. Antes fue el Tribunal Constitucional y también apuntan a la Fiscalía, donde quieren eliminar cualquier posible oposición a Patricia Benavides. Luego irán por los organismos electorales, la Junta Nacional de Justicia e incluso los gobernadores regionales.

¿Qué tienen en común las bancadas que logran esas votaciones “mayoritarias” en el Congreso? Muchos dicen que la alianza no es ideológica sino de intereses concretos: las universidades privadas, los colectiveros, los mineros informales, etc. Pero también hay un trasfondo ideológico: es una alianza iliberal y antiderechos, que no solo busca sabotear la regulación de sus intereses privados sino también retroceder en lo (poco) avanzado en equidad de género, derechos humanos, igualdad de derechos de la comunidad LGTBI, derechos ambientales y de los pueblos indígenas, entre otros temas.

Este copamiento institucional es diferente de casos como el fujimorismo de los 90, la Venezuela de Chávez o lo que está ocurriendo en El Salvador con Bukele. En aquellos casos, el arrasamiento de las instituciones fue viable debido a una mayoría electoral conseguida gracias a la inmensa popularidad de los presidentes. En el Perú de hoy, es al revés: esta mayoría congresal “hechiza” está amarrando todos los resortes institucionales a pesar de su enorme impopularidad.

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Esto es muy peligroso. Se está creando una situación extrema de divorcio entre la legitimidad social y las instituciones que definen la legalidad. De ahí al éxito de un liderazgo antisistema, hay solo un paso. Con el riesgo aún mayor de que ese eventual outsider que capitalice el rechazo masivo a la clase política ya va a tener hecha la tarea de la destrucción de los contrapesos institucionales.