No politizar la justicia

En un comunicado muy contemporizador, la Junta Nacional de Justicia le solicitó al Congreso que al proceder en el caso de la fiscal suprema Zoraida Ávalos, lo haga teniendo en cuenta que “las imputaciones guardan relación con el criterio jurídico adoptado en el ejercicio legítimo de la función fiscal”.

Este llamado de atención respecto a la necesidad de no politizar a la justicia, porque se corre el riesgo de afectar la institucionalidad y la independencia que deben primar en la actividad de jueces y fiscales, surge por la denuncia constitucional que pesa sobre la ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos y que tendrá que votarse mañana, jueves 25, según anuncia el Congreso de la República.

La acusación por infracción constitucional y el planteamiento de una inhabilitación de cinco años contra la fiscal suprema se basan en la imputación del delito de omisión, rehusamiento o demora en actos funcionales en torno a las investigaciones al expresidente Pedro Castillo.

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Zoraida Ávalos ha solicitado con carácter urgente la convocatoria a una reunión de fiscales supremos, con la finalidad de emitir un comunicado institucional que establezca la defensa de la ex fiscal de la Nación, ante lo que ella considera una “venganza política” que está buscando un sector del Congreso.

En entrevista concedida a La República, Ávalos ha señalado que durante su gestión se logró investigar a dos ex jefes de Estado y que no es cierto que haya existido ninguna acción fiscal destinada a proteger o garantizar impunidad para nadie.

La ex fiscal de la Nación Zoraida Ávalos estuvo a cargo del Ministerio Público del 2019 al 2022 y tuvo bajo su responsabilidad algunos casos de gran impacto mediático, como los ocurridos durante la pandemia, tanto en el Poder Ejecutivo como en el Legislativo.

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Pese a la tibieza del pronunciamiento, es rescatable que se fijen los parámetros de actuación de las instituciones. La JNJ ha puesto en claro que es su función evaluar y sancionar a jueces y fiscales, así como le corresponde elegirlos y separarlos del cargo.

Plantear o proponer sanciones a fiscales o jueces por razones políticas desde el Congreso afectaría el Estado de derecho, la autonomía e independencia de la justicia y el equilibro de poderes.