
La forma de salir del impase institucional se debate en el congreso con más entusiasmo por el interés particular que el de la nación, pero lo que no se debe permitir es que incluya el salto al vacío de una asamblea constituyente.
Es lo que, irresponsablemente, promueve la izquierda desde hace tiempo. Lo plantearon en la elección 2021 Vladimir Cerrón y Verónika Mendoza; la promovieron desde entonces Pedro Castillo y Aníbal Torres; y estuvo detrás de la intentona golpista del 7 de diciembre cuando el presidente era investigado por la fiscalía por corrupción, y su gobierno había ofrecido evidencia suficiente y clamorosa de ineptitud.
La constitución de 1979 se hizo para salir del gobierno militar iniciado con el golpe de 1968 del general Juan Velasco, y la de 1993 para salir del ‘autogolpe’ de Alberto Fujimori de 1992, lo que lleva a pensar que el intento de golpe de Castillo buscaba las condiciones para una nueva carta magna como ruta de escape de la dictadura que no se logró.
El planteamiento de la asamblea constituyente está siendo repuesto ahora como motor central de las protestas, y con el respaldo de intelectuales y profesionales del derecho que estuvieron muy próximos a la presidencia de Castillo, pero con argumentos francamente deleznables, como que la constitución de 1993 –de la que obvian recordar que ha tenido, desde entonces, cambios sustantivos– “ya fue” porque se ha cumplido el bicentenario de la independencia del Perú.
La constitución vigente requiere varios ajustes. Por ejemplo, reordenar una regionalización que impide la correcta provisión de servicios públicos básicos como educación, salud o provisión de agua potable; o para moderar la facilidad con la que el gobierno y el congreso pueden liquidarse uno al otro.
Son asuntos importantes que merecen un amplio debate de toda la sociedad, y que se deberían ir aplicando dentro del congreso según los procedimientos constitucionales ya establecidos para esos cambios, en vez del cambalache que implicaría una asamblea constituyente que pretende establecer la izquierda con el fin de modificar el capítulo económico –el mejor de la constitución–, lo que significaría reeditar el salto al vacío que pretendió dar Pedro Castillo con su golpe de opereta.

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