El prefecto antes que el ciudadano, por Miguel Palomino

Dentro de menos de una semana entrarán en funciones nuevas autoridades a nivel regional, provincial y distrital. Dichas autoridades fueron elegidas por los ciudadanos en un proceso que, si bien podría mejorarse, fue democrático.

Esto contrasta con la reciente destitución de 312 subprefectos el 24 de diciembre, que siguió a la destitución de decenas de subprefectos y de todos los prefectos en los días anteriores. Dichos funcionarios fueron cesados en sus cargos por la directora general de Gobierno Interior del Ministerio del Interior. Apuesto que la mayoría de los lectores ni sabían que existía tal Dirección.

El cargo de prefecto y subprefecto son vestigios del centralismo presidencial, cuando el presidente nombraba a alguien bien recomendado para ser su “representante” en el interior del país para intentar estar más cerca del ciudadano. Existe una comedia de teatro de Julio Ramón Ribeyro, “Confusión en la prefectura”, que marca bien lo que significaba antes ser prefecto y cómo se las agenciaban para estar siempre bien con el poder de turno (recomiendo su lectura para quien quiera reírse un rato). El que hoy en día sean destituidos por una Dirección General de Ministerio de Interior es una muestra de cómo han perdido importancia.

Esto nos hace preguntar dos cosas: ¿qué funciones tiene un prefecto o subprefecto? Y ¿cuánto gana? Lo interesante es que dos exministros del Interior recientemente indicaron que en realidad no cumplían ninguna función que no podría ser cumplida más fácilmente o por la municipalidad o por la comisaría. “Son dinosaurios que se niegan a desaparecer” y su desaparición “no tendría ningún impacto negativo” fue su resumen de la situación.

¿Entonces, porque se gasta cerca de cien millones de soles en mantenerlos con vida? Hay cien millones de razones para eso. Veamos. ¿Qué requisitos se deben de tener para ser prefecto o subprefecto? Para ser prefecto se exige solo la secundaria completa y tener algún curso universitario, no se requiere ninguna experiencia excepto tres años de haber trabajado en cualquier entidad pública o privada. Pero para ser subprefecto provincial no hay requisito educativo ni experiencia que se requiera.

Es decir, la existencia de los cargos simplemente es un mecanismo de pagar favores. ¡Ganan alrededor de 3.500 soles como prefecto y 3.000 soles mensuales como subprefecto y a cambio no tienen que hacer (casi) nada! (Obtener esta información no fue fácil, aún cuando estaba en el portal de transparencia del Ministerio del Interior).

Es así que el gobierno de Pedro Castillo se dedicó a nombrar a más de 1.500 prefectos y subprefectos (en total hay alrededor de 1.800) de los cuales cerca de la mitad eran afiliados al partido de gobierno (o mejor dicho a los partidos de gobierno) y entre ellos había 20 firmantes por el Movadef, brazo de Sendero Luminoso. Esto iba muy bien con la función que tenían de “coordinar con las rondas campesinas” y “coordinar y promover el diálogo con las organizaciones sociales”. “Coordinar y promover” son funciones sin un fin específico que le permiten al encargado inmiscuirse en casi todo sin tener obligación de nada ante nadie. Si, como piensan algunos, siguieron su costumbre de cobrar un porcentaje por el cargo, resultaría ser una buena fuente de ingresos para los militantes y para el partido.

¿Qué tienen que ver con todo esto las autoridades elegidas democráticamente? Que si se crea una institución con el fin de acercarse al ciudadano y esto no se cumple, se buscará otro mecanismo para lograrlo. No esperemos a que los gobernadores regionales y los alcaldes, a los que se les da hoy tanto presupuesto para estar más cerca del ciudadano, no logren su objetivo y pasen a la historia como los prefectos y subprefectos. Finalmente, el Estado debe ser uno de cara al ciudadano.