La judicialización de la política, por Sinesio López Jiménez

La judicialización de la política es uno de los males que sufren los países de América Latina, unos más que otros. El nuestro es probablemente el más grave porque el Poder Judicial (PJ) ha entrado a formar parte de la coalición vacadora del presidente. Ya no hay equilibrio de poderes. Ahora el Congreso y el PJ actúan al unísono contra el Ejecutivo.

Desde el 2016 se quiere instaurar en el Perú una dictadura parlamentaria. Eso es posible porque el Ejecutivo no tiene desde entonces una mayoría congresal que ha estado y está en manos de otros partidos. Por eso tenemos un gobierno dividido y enfrentado. El problema se agrava porque el Perú tiene, por diseño constitucional, una de las peores formas de gobierno de América Latina: El presidencialismo parlamentarizado. El choque del gobierno dividido en un presidencialismo parlamentarizado siempre ha terminado en golpe.

Para evitar una situación caótica en la que puede desembocar el conflicto entre el Ejecutivo y el Congreso, la constitución ha establecido claramente las reglas: el voto de confianza que puede invocar el presidente y las causales de vacancia a las que puede apelar el Congreso. Nada más. Pero ahora resulta que, con el pretexto de combatir la corrupción, la Fiscalía ha comenzado a investigar al presidente en ejercicio aumentando la inestabilidad, la ingobernabilidad, la incertidumbre y el caos. El Congreso y el PJ lo acosan y aumentan su poca capacidad de gobernar.

¿Puede la Fiscalía investigar al presidente en ejercicio? No. Ni Fujimori, ni Toledo, ni García, ni Humala, ni Kuczynski fueron investigados mientras eran presidentes. Todos ellos fueron investigados cuando terminaron su mandato, como debe ser. ¿Por qué la Fiscalía actual ha decidido entrar a la coalición vacadora? ¿Por qué la lucha contra la corrupción de los presidentes en ejercicio no puede esperar? ¿Por qué no investigó a los anteriores presidentes en ejercicio probadamente corruptos? La única explicación es que la Fiscalía actual ha sido convencida o digitada para formar parte de la coalición golpista.

La Fiscalía de la Nación no es un dechado de virtudes, comenzando por la cabeza que ya es muy cuestionada. Desde siempre todas las encuestas de opinión señalan que el Poder Judicial es uno de los poderes más corruptos. Salvo honrosas y contadas excepciones, los fiscales y los jueces no encarnan la justicia ni luchan contra corrupción. La ley y la justicia no son iguales para todos ni llegan a todo el territorio por igual. Muchos jueces y fiscales no son autónomos ni imparciales. Se dejan influir con frecuencia por los medios de prensa. Varios no pueden resistir la tentación de que su foto aparezca en los medios para salir de la oscuridad de sus vidas.

Los medios publican, acusan, juzgan y condenan con parcialidad y ferocidad. Esa no es la ruta ni el modelo de justicia que deben seguir los jueces y los fiscales.