Acuerdo de Escazú, temores infundados, por Beatriz Salazar

Estudios de maestría en Ordenamiento Territorial. Coordinadora del Programa de Cambio Climático y Agricultura Sostenible, Cepes.

Abandonando sus promesas, el gobierno de Pedro Castillo ha dado la espalda a uno de los principales reclamos de los pueblos indígenas y organizaciones ambientalistas: la ratificación del “Acuerdo Regional sobre el Acceso a la Información, la Participación Pública y el Acceso a la Justicia en Asuntos Ambientales en América Latina y el Caribe”, más conocido como “Acuerdo de Escazú”.

El canciller, Miguel Rodríguez Mackay, ha saludado el archivamiento del Acuerdo por el Congreso, argumentando que “no va con los intereses del país porque la Corte Internacional de Justicia puede tomar una decisión que será vinculante y obligatoria para todos los peruanos, campesinos y ambientalistas. Ahí está el impacto a nivel de soberanía”.

Con respecto a este temor, una revisión del texto del Acuerdo (artículo 19) deja claro que los Estados tienen la opción de acogerse o no a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia o a un arbitraje. No es obligatorio, como sostienen los opositores al Acuerdo.

En estas afirmaciones se percibe temor, rechazo y hasta desprecio hacia la participación informada y efectiva de la población en los asuntos públicos, lo cual es contrario a derechos reconocidos en la Constitución y otras normas legales que amparan el derecho a la información y la participación ciudadana.

Los tratados que sí permiten injerencia internacional son los acuerdos comerciales, como los TLC, que contemplan capítulos de garantía de inversiones, que establecen instancias internacionales de solución de controversias que están por encima de las instancias nacionales. Pero en estos casos no hemos escuchado objeciones, ni de Mackay ni de los opositores del Acuerdo de Escazú en el Congreso.

A nivel internacional, la posición de Mackay (y del Congreso) contradice la Resolución de Naciones Unidas sobre el Derecho Humano a un Medio Ambiente limpio, saludable y sostenible, que reconoce que “el ejercicio de los derechos humanos, entre ellos los derechos a buscar, recibir y difundir información y a participar efectivamente en la dirección de los asuntos gubernamentales y públicos, así como el derecho a un recurso efectivo, es fundamental para la protección de un medio ambiente limpio, saludable y sostenible”.

Contrariamente a los argumentos de Mackay y otros opositores, la ratificación del Acuerdo de Escazú contribuiría a prevenir la conflictividad ambiental, al fortalecer los mecanismos de protección de los defensores ambientales atacados por mafias que lucran con actividades que atentan contra la integridad ambiental. El Acuerdo contiene disposiciones para defender y facilitar el acceso a la justicia para estos activistas que actualmente enfrentan la desidia del Estado.