Un nuevo pacto

Hace un par de años, siendo congresista, publiqué en este diario una columna titulada “¿Quién le teme a la Asamblea Constituyente?” (28/9/19). En ese punto, los proyectos de reforma llegados al Congreso tras el referéndum de 2018 (Junta Nacional de Justicia, financiamiento de partidos, bicameralidad e impedimento a la reelección congresal) habían sido desnaturalizados o “dormidos” por mis colegas parlamentarios y predominaba en la ciudadanía el hartazgo por el conflicto Ejecutivo-Legislativo. En el artículo muestro mi escepticismo ante las fórmulas “para salir de la crisis” y reitero un tema que ni entonces ni ahora podría ser considerado una novedad: el Perú necesita una nueva Constitución Política.

Desde entonces, la política y sus reglas de juego continuaron su deterioro, y con la pandemia, Estado y mercado mostraron las limitaciones de su convivencia, reflejadas en la terrible disyuntiva entre proteger la salud o salir a trabajar, vivida por millones de familias peruanas, en particular aquellas que perciben bajos ingresos y que son las permanentes perdedoras en tiempos de crisis. Tras el cambio de prioridades marcado por la necesidad de contener la COVID-19 y tentar la reactivación económica entre 2020 y 2021, las elecciones generales debieron servir para retomar la atención sobre el entrampamiento de la democracia peruana y su evidente incapacidad de reformarse a sí misma con un sentido de apertura hacia las necesidades y demandas de la ciudadanía.

No fue así y estamos más bien en una interminable “tercera vuelta” en la que gobierno, opositores y medios de comunicación compiten en alejarse de los problemas cotidianos de la gente, ganándose a pulso el rechazo. En el caso del presidente Castillo este rechazo ya no se limita a quienes se resisten a su mandato desde el día uno, sino que es creciente entre sus electores, quienes en un lapso muy corto lo han visto caer en todos los vicios de la política criolla y dejar de lado las reivindicaciones sociales que impulsaron su candidatura, entre ellas la oferta de una nueva Constitución, distinta a la de 1993, aquella que promovió y promueve una economía que concentra beneficios en unos pocos y excluye a los más.

Y es que en cada una de las elecciones posteriores a la llamada “transición democrática”, los peruanos y peruanas hemos manifestado nuestro malestar en relación a la (in)capacidad redistributiva del Estado o la actuación de las empresas extractivas, sea por la contaminación ambiental o por el modo inconsulto y no pocas veces violento en que se imponen sobre otras actividades productivas, o sobre los derechos de los pueblos indígenas. También es una constante el rechazo a que el principio de protección de la inversión privada esté siempre por encima de las necesidades y derechos de ciudadanas y ciudadanos.

Que los gremios empresariales y los medios de comunicación afines a los principales grupos económicos atribuyan su éxito económico a la Constitución de Fujimori no desaparece a esa otra enorme parte del país que se siente postergada y que cada cinco años vota por quien les ofrezca revertir su situación de desprotección frente al abuso privado, la precariedad laboral o el despojo territorial, por citar solo tres hechos consagrados en la Constitución vigente. De igual modo, que el presidente “regrese” –como provocación o por oportunismo– a su propuesta de habilitar una Asamblea Constituyente o que la prensa reaccione a ello con el grito en el cielo en defensa del modelo económico, no borra el hecho de que la demanda de un cambio constitucional existe y merece ser debatida y canalizada, no ninguneada ni caricaturizada.