Nos vamos todos, por Flor Pablo

(*) Exministra de Educación y congresista de la República.

Un nuevo gobierno representa una nueva oportunidad para avanzar en el cierre de brechas profundas que postergan el desarrollo de nuestra patria y que no permiten que los ciudadanos más vulnerables puedan salir del círculo de la pobreza. Sin embargo, hoy somos testigos de cómo esa oportunidad se escurre entre las manos de un gobierno ineficaz e improvisado que, hasta ahora, no ha podido hacerle frente al impacto de la pandemia en la economía, la anemia, la pobreza, el retroceso de los logros de aprendizaje, la paralización de los servicios básicos, la reactivación económica y la generación de empleo. Y nos está llevando directo a la precariedad social, económica y política.

El presidente Castillo nos ha demostrado, de todas las formas posibles, que no tiene la mínima voluntad de corregir sus desaciertos ni de darle un giro de timón al curso de las políticas públicas. Se ha empeñado en la repartija sindical, gremial y en las cuotas de poder que han dañado profundamente el aparato estatal y la gestión pública meritocrática. Mientras tanto, la polarización y convulsión social se apoderan del país y escalan. Los peruanos y peruanas sufren y mueren víctimas de la represión y la confusión; las ollas comunes ya no pueden dar respuesta al hambre por falta de apoyo del Estado, y el incremento de los precios y la orden de un encierro repentino e inconstitucional afectó a miles de familias que viven del día a día.

Pero no solo el Ejecutivo es el causante del desgobierno. El Congreso ha hecho lo suyo con la vocación desestabilizadora y vacadora de la ultraderecha, que comenzó por no reconocer la validez de los resultados electorales. Así como la alianza de los extremos para dar paso a la informalidad en la educación y en el transporte, y en las negociaciones de grupos políticos para beneficio personal con puestos y obras en el Estado.

Necesitamos volver a empezar, con nuevas reglas y una agenda mínima de desarrollo social, político y económico que haga frente a la pobreza y permita recuperar la gobernabilidad y el curso del país. Para ello, es necesario un acuerdo político —entre el gobierno, los líderes partidarios, el empresariado y la sociedad civil— que aborde la renuncia del presidente, y viabilice la sucesión democrática para que la vicepresidenta Dina Boluarte asuma la Presidencia de la República, lidere la reforma constitucional y electoral junto con el Congreso, y se convoque a elecciones generales el 2023.

El espacio institucionalizado para iniciar este proceso es sin duda el Acuerdo Nacional. No olvidemos que hace unas semanas el propio presidente Castillo anunció que se realizaría una reunión con el fin de buscar una salida a la crisis, pero no se concretó.

Desde la bancada morada, hemos presentado al Congreso y ponemos para la discusión el Proyecto de Ley de Estabilidad Política (PL N° 1659/2021-CR) que plantea recuperar el equilibrio de poderes y propone: a) convocar a nuevas elecciones generales en situación de crisis por disolución del Congreso, vacancia o renuncia del presidente; b) precisar que la incapacidad moral sea solo discapacidad mental o física; c) permitir el antejuicio, habilitando al fiscal de la Nación para que pueda acusar al presidente por delitos asociados al crimen organizado, crímenes de lesa humanidad y otros delitos de función para establecer el juicio político, con lo cual podría ser acusado por el Congreso por infracciones a la Constitución.

Esta propuesta, junto con otras que busquen fortalecer nuestro sistema democrático, debe de aprobarse en esta legislatura en una primera votación, y su aprobación final debería darse en un referéndum a realizarse junto con las elecciones municipales y regionales del 2022.

Necesitamos darle una salida a esta crisis con una renuncia presidencial pronta, una sucesión democrática organizada y nuevas elecciones con nuevas reglas. La ciudadanía, que es quien nos puso donde estamos, ahora nos quiere fuera. Es hora de que nos vayamos todos.