No es un indulto, es un insulto

Esta semana, cuando el profundo desencanto sobre el rumbo de nuestro acontecer político parecía imposible de lograr una contundente movilización ciudadana, aparecía en la escena nacional la noticia del repentino pronunciamiento del Tribunal Constitucional que declaraba fundada la demanda de habeas corpus en el caso del reo Alberto Fujimori y restituía los efectos de la resolución suprema de diciembre del 2017 que le concedió el indulto humanitario y dispuso su libertad. Era la tarde del jueves y, sin más difusión que la convocatoria en redes sociales, se organizaban en distintas ciudades del país nutridas marchas, capaces de congregar de manera espontánea a miles de ciudadanos y ciudadanas unidos en la indignación por un indulto que, a todas luces, es un insulto. Un insulto que lesiona el derecho al acceso a la justicia de las víctimas y deudos, contraviene las normas del derecho internacional y que, sin duda, impacta contra la memoria colectiva y el país.

Es un insulto no solo, y por si eso fuera poco, porque es un grave atropello al derecho, sino también por las motivaciones sobre las cuales reposa y que están muy lejos de ser razones de índole humanitaria sino, y en toda regla, motivaciones políticas, cuyas condiciones de “negociación” fueron de público conocimiento, y detonantes de una de las crisis políticas más prolongadas y profundas que ha vivido nuestro país en el anterior quinquenio que desencadenaron, entre otras cosas, la renuncia del anterior presidente electo.

Y es un insulto también porque nunca ha habido por parte del condenado Fujimori un reconocimiento de responsabilidad o una sola muestra de arrepentimiento, tampoco la colaboración necesaria en aras de la verdad, tan siquiera el cumplimiento del deber del pago de la reparación civil. Lo más doloroso aún, mucho menos ha habido por su parte, a lo largo de estos años, un solo pedido de perdón a las víctimas, deudos y al país que permita siquiera el inicio del camino para procesar hechos tan terribles. Muy por el contrario, a lo largo de décadas, tanto él como sus herederos políticos y aliados han insistido en revictimizar y atacar con desinformación, mentiras, estigmatización y hasta persecución a quienes sufrieron los terribles crímenes de este régimen, sus opositores y a la ciudadanía que levantó su voz.

Su propósito de intentar distorsionar y tergiversar, de manera grosera y deliberada, la historia sobre la base de falsedades parece no conocer de límites, como tampoco lo tiene su negacionismo y su afán de vulnerar nuestra memoria colectiva.

Esta decisión del Tribunal Constitucional, que esperemos sea revertida en el breve plazo, es un gran insulto para el país en la medida en la que debilita la lucha contra la impunidad, abre el camino a su peligrosa restauración y desconoce los muy difíciles y costosos avances que en el campo de la justicia hemos podido dar a lo largo de estas décadas. Este no es indulto, es un insulto que nos hiere a todos y que marca el inicio de una nueva lucha ciudadana que tocará librar, nuevamente, hasta obtener justicia.