La vacancia no es la ruta

La derecha peruana, la misma que nunca aceptó la voluntad popular expresada en los comicios del 2021; que argumentó, con base en la gran mentira del “fraude electoral”, que habría que realizar nuevos comicios; que, cuando eso no dio resultado, buscó azuzar un golpe de Estado; que lanzó una campaña de miedo, alegando ver el cuco comunista en todas partes; hoy busca aprobar una moción de vacancia contra el presidente democráticamente elegido, Pedro Castillo.

Como los intentos vacadores anteriores —me viene a la mente Richard Swing—, la verdad es lo que menos importa. Y como los intentos anteriores, la aprobación de la moción de vacancia contra Castillo desencadenará una tormenta cuya finalidad es imposible prever.

Eso es lo que sucedió el 21 de diciembre del 2017 con el primer intento de vacar al entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski que, aunque no prosperó, llevó a un turbio negocio entre PPK y Kenji Fujimori, entonces congresista de Fuerza Popular e hijo del dictador Alberto Fujimori, quien prometió votos de miembros de su bancada para salvar al presidente de ser vacado, a cambio del indulto ilegal para su padre, condenado a 25 años de prisión como autor mediato de crímenes de lesa humanidad.

Esto enfureció a Keiko Fujimori, quien desde que perdió las elecciones con PPK en 2016 buscó, con su supermayoría en el Congreso, desestabilizar su gobierno y removerlo de la presidencia. Se filtraron los audios revelando el pacto, llevando a una nueva vacancia a PPK, quien renunció en marzo del 2018.

Los intentos de vacancia desencadenaron una grave inestabilidad política: Perú ha tenido tres presidentes que no fueron elegidos; las protestas ciudadanas más grandes de la historia contra Merino, a quien vieron como “usurpador”; la muerte de dos jóvenes; todo en medio de la pandemia que ha devastado al Perú.

Si el Congreso desata la tormenta de la vacancia, pondrá al país nuevamente al borde del abismo. Al no contar con una cámara de senadores, que fue suprimida por la Constitución de 1993, la política es manejada por los caciques. Al no delimitar el tema de la incapacidad moral, el Congreso y el Tribunal Constitucional alimentan la zozobra.

Los graves desequilibrios del sistema político impuestos tras el autogolpe del 5 de abril de 1992 combinada con la gran inequidad también herencia del neoliberalismo impuesto por el dictador encarcelado y por el empresariado que, temeroso de perder sus beneficios a manos de un gobierno que considera adverso a sus intereses, busca derrocarlo a toda costa. Un bicentenario que poco tiene de república y mucho de anarquía.