De paseo por la región

Las elecciones presidenciales del domingo en Nicaragua han concentrado la atención y rechazo internacional por su falta de legitimidad y transparencia, así como por la prisión de líderes de oposición, incluidos siete precandidatos presidenciales. En este contexto, han pasado desapercibidos hechos importantes en la región.

En Chile, la Cámara de Diputados aprobó el martes el juicio político contra el presidente Sebastián Piñera, por su vinculación en la venta de la minera Dominga en Islas Vírgenes, un paraíso fiscal. La operación realizada durante su primer mandato, revelada en los Papeles de Pandora, benefició a su familia por información privilegiada que incrementó su precio. Piñera, además, podría ser investigado por la Corte Penal Internacional (CPI): cuatro organizaciones de derechos humanos presentaron a esa fiscalía un informe que da cuenta de crímenes de lesa humanidad por la brutal represión de las protestas iniciadas en 2019 que culminaron con la aprobación del gobierno de un referéndum para redactar una nueva Constitución. Recientemente, el presidente ha militarizado el sur del país para reprimir a la población mapuche, quienes piden recuperar sus tierras, entre otras reivindicaciones.

En Ecuador, su colega, Guillermo Lasso, comprometido también en los Papeles de Pandora y acusado por la fiscalía de su país, instauró el 20 de octubre el estado de excepción por 60 días en todo el país, “dizque” para combatir la delincuencia criminal, pero también para controlar las protestas del movimiento indígena. En abril de 2005 el expresidente Lucio Gutiérrez cesó en sus funciones como resultado de las gigantescas movilizaciones en el país.

En la vecina Colombia, la actual vicepresidenta y dos expresidentes que forman parte de la coalición de gobierno, además de empresarios que los apoyan, están involucrados en el caso de los Papeles de Pandora. La represión policial que dejó más de 60 muertes en las protestas iniciadas en abril contra la reforma tributaria y los constantes asesinatos a líderes sindicales y defensores medioambientales son crecientemente cuestionados.

En Brasil, Jair Bolsonaro ha sido acusado por el Senado por “crímenes contra la humanidad” y otros ocho graves delitos por su mal manejo de la pandemia. El informe está en la Fiscalía y pasará a la Corte Suprema y a la CPI. Además, un grupo de abogados ambientalistas en Austria ha instado a la CPI a que lo investigue por la degradación de la Amazonía pues, según ellos, equivalen a “crímenes contra la humanidad”.

Como si fueran carmelitas descalzas han alzado el dedo acusador contra el amago de elección en Nicaragua. Los gobiernos que se han abstenido de condenarla (Argentina, México, Bolivia, Cuba, Venezuela, entre otros) no están exentos de problemas. En Argentina se renovará este domingo la composición del Congreso en la que probablemente se repitan los resultados de las elecciones primarias de septiembre, desfavorables al gobierno de Alberto Fernández, donde el partido del ultraderechista Javier Milei aparece como una estrella naciente.

Bolivia enfrenta un paro indefinido en rechazo a la Estrategia Nacional Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo. Sus detractores consideran que con ella el gobierno busca “imponer” un “totalitarismo económico y financiero” en contra del pueblo, dando facultades discrecionales al gobierno.

A Venezuela llegan ya los observadores electorales de Naciones Unidas, Centro Carter, Unión Europea, y otros, por las elecciones municipales y regionales del 21 de noviembre en las que participarán los partidos de oposición liderados por Juan Guaidó, Leopoldo López y otros.

El vecindario latinoamericano está convulsionado por la corrupción, la falta de institucionalidad y la inflación y pérdida de dinamismo importadas de las economías desarrolladas.