No es un buen día, señor presidente

Por Gloria María Pineda

No es un buen día, señor presidente Pedro Castillo. Hoy, Día Nacional de la Persona con Discapacidad, no tenemos nada que celebrar. Hay muchas demandas postergadas, que se resumen en contar con un entorno propicio, accesible y equitativo, en concordancia con la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, así como diversos instrumentos internacionales ratificados por el Perú. Por ello, en mi calidad de secretaria general del Foro Reflexión Perú y como madre de un joven con discapacidad intelectual, le exhorto a dar un paso significativo, priorizando y poniendo en agenda la temática de la discapacidad.

No le pedimos acciones extraordinarias ni tampoco caridad. Es más, necesitamos que entienda que no es un tema de sensibilización, como se ha enfocado hasta ahora, es una obligación del Estado y usted tiene la oportunidad histórica de hacer la diferencia, colocando en la agenda política la igualdad de derechos, la equiparación de oportunidades y la eliminación de toda forma de discriminación, para que se incorpore la perspectiva de la discapacidad de manera transversal en los diversos niveles de gobierno y se destinen presupuestos adecuados a proyectos o programas en áreas básicas como educación, salud o trabajo.

Entre nuestras justas exigencias figura el cumplimiento de la Ley 29973, que establece el marco legal que garantiza los derechos de 3 millones 209 mil 261 personas con discapacidad (INEI, 2017), promoviendo su desarrollo e inclusión plena y efectiva en la vida política, económica, social, cultural y tecnológica. Asimismo, solicitamos se revise el impacto y resultados obtenidos por el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad (Conadis), que este año cumplió 22 años de creación y como parte del Estado no ha llegado a atender a los ciudadanos con discapacidad de las zonas marginales de Lima y mucho menos del interior del país, como aquellos eternamente olvidados que viven en las áreas rurales, en la ceja de selva, en las zonas altoandinas o de frontera.

No podemos seguir ignorando esta realidad, agudizada por la emergencia sanitaria generada por la COVID-19 y el consecuente confinamiento, que han evidenciado las carencias y la falta de atención hacia este sector de la población históricamente invisibilizado. Por ello, exigimos también que las Oficinas Regionales y las Oficinas Municipales de Atención a la Persona con Discapacidad (Oredis y Omaped) no soslayen su responsabilidad y cumplan con utilizar el 0,5% de su presupuesto institucional para financiar los gastos operativos, planes, programas y servicios que por ley deben realizar a favor de la población con discapacidad de su jurisdicción.