La mala onda contra el periodismo

Aún no preocupa a todos en el oficio periodístico, pero ya no hay duda de que el gobierno de Pedro Castillo aborrece al periodismo, ni de que la situación se va a poner peor.

Ocurre cada día que pasa, y de modo más frecuente: violencia contra reporteros que cumplen su trabajo; ofensas del premier Guido Bellido, el ministro de Justicia Aníbal Torres, o el congresista Guillermo Bermejo; impedir el acceso del periodismo a actos públicos; o que el presidente Castillo nunca haya ofrecido una entrevista.

Varias razones explican ese encono hacia la prensa, pero el origen está en el plan de gobierno elaborado por Vladimir Cerrón, del que Castillo nunca ha tomado real distancia, el cual sustenta una posición basada en que “el socialismo no aboga por la libertad de prensa, sino por la prensa comprometida con la educación y la cohesión de su pueblo”, a partir de lo cual se alaba el modelo ecuatoriano de Rafael Correa para liquidar la libertad de expresión, y se propone una ley para regular medios.

La tirria también la puede explicar una campaña electoral donde la prensa no trató bien a Castillo, generando una reacción negativa, pero también es cierto que ni como candidato ni como presidente, él ha tenido vocación para, al menos, acercarse al periodismo.

Tercero, y quizá más importante, está la propia visión rural del presidente, para quien los medios, especialmente, los de Lima, no son fuente de información regular. Cómo se informa Castillo es un misterio aún por resolver.

Cuarto, una fobia hacia los medios debido a que Castillo los siente como parte del orden político que cree que ha perjudicado a la población indígena.

No se puede descartar que el gobierno de Pedro Castillo prosiga con medidas contra la prensa, con la complicidad de varios sectores del congreso que también le tienen ojeriza al periodismo.

Frente a ese embate previsible contra la prensa será importante encontrar a todo el periodismo peruano, más allá de sus grandes diferencias que son indispensables en una democracia, unido en la defensa de su libertad de informar, fiscalizar y opinar.

Embate que no solo perjudicaría a los medios, sino, principalmente, a la calidad de la información para la ciudadanía, y al propio gobierno.

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