Cerremos el paso al golpe de Estado

Un grupo conspirador parapetado en el Congreso, con tentáculos en el sistema judicial y en algunos medios, ha concretado un golpe de Estado con el que intenta apropiarse del Gobierno, poniendo fin a 20 años de democracia. Con la participación directa del fujimorismo -heredero del golpe de abril de 1992- ha logrado una mayoría ilegítima que ha quebrado la Constitución y otra vez coloca al país en un tránsito aciago gobernado por la codicia y la corrupción.

La disposición de la Constitución es precisa respecto a la prohibición de acusar al presidente durante su mandato salvo las razones expresadas con detalle en el artículo 117. Esa prohibición ha sido violada groseramente para lo cual se ha forzado inconstitucionalmente la figura de la vacancia y la incapacidad moral, utilizando declaraciones de infractores confesos aspirantes a colaboradores eficaces, fotos maquilladas, WhatsApp en horarios estelares, y otros documentos que forman parte de un proceso de investigación sobre las actividades del Presidente de la República Martín Vizcarra.

El papel desempeñado en esta alevosa operación por el presidente del Congreso, Manuel Merino, lo cubre de vergüenza a él y a su partido. Los días revelarán si ha sido subordinado o cómplice de Edgar Alarcón.

La opinión pública fue desde el primer momento contraria a este paso; con claro sentido de la democracia se pronunció contra la vacancia y a la vez contra la impunidad, señalando que Vizcarra debe ser investigado, pero debe culminar su mandato por las razones legales expuestas y por la necesidad de garantizar la continuidad de la gestión del Estado en medio de la pandemia, la crisis económica y el proceso electoral en curso.

El golpe de Estado también desafía a la ciudadanía. Los golpistas son, precisamente, conocidos acusados de corrupción; varios de ellos son investigados por su participación en redes criminales o pesan sobre ellos cargos específicos y no solo conjeturas, es decir, procesos judiciales en curso, denuncias fiscales o denuncias constitucionales que la misma mayoría golpista parlamentaria ha paralizado. Detrás del golpe también se encuentran partidos cuyos líderes son requeridos por la justicia o purgan condena por graves delitos.

No hay duda que el golpe persigue la impunidad para ellos. Los peruanos debemos responder al desafío lanzado por estas fuerzas oscuras y envilecidas. Debemos resistir la dictadura de la corrupción. No le debemos obediencia a un Gobierno usurpador. Debemos cerrarle el paso al golpe y a los golpistas.