Hambre y muerte

Acabamos de recordar el Día Internacional del Trabajador aunque no haya mucho que celebrar, ni para los que están dentro del sistema formal, ni para la mayoría de peruanos que vive un escenario catastrófico a casi 50 días del estado de emergencia. Este es el drama de “los desplazados”, miles de personas que llegaron a Lima para buscar un mejor futuro y que ahora se organizan para regresar en caminatas imposibles que terminan en protesta, mientras esperan una alternativa frente al hambre y la falta de un techo.

Este conflicto social, como muchos otros, no ha sabido ser manejado con anticipación por parte de una gestión económica que solo ha ofrecido bonos, de manera progresiva (lenta) y con un sistema de cobro irrealizable para quienes abandonan Lima y buscan regresar a sus familias.

A diferencia otros países que congelaron alquileres y servicios (agua, luz, teléfono), nosotros seguimos estancados en un debate sobre leyes que no han sido previstas para casos de emergencia/pandemia mundial. Tenemos una Constitución que, desde los noventa, amarra el Estado al poder económico de los privados y recorta toda capacidad para atender a los más necesitados. No se pueden intervenir contratos de alquiler y las personas que alquilan no tienen con qué pagar los servicios de estas viviendas.

La única opción son albergues como el de Huampaní, todos hacinados, porque hay muchas más personas sin techo ni recursos que lugares para atenderlos. El otro gran reto es la cantidad de pruebas de descarte. Sin descarte de Covid-19 es imposible trasladarlos a estos lugares en donde seis duermen en una misma carpa. Un informe de Mitra Taj y Marco Garro para Ojo Público relata el desgarrador testimonio de una muy joven madre de tres pequeños: “Mi mamá tiene su chacra en Pucallpa y no le cuesta nada comer o encontrar pescado. Aquí en Lima nos tratan como animales”.

Esta situación además ya cobró la vida de un niño, en medio del éxodo de un grupo de ancashinos que llevaban por lo menos una semana caminando. El pequeño tenía cáncer y en medio de la crisis era imposible continuar su tratamiento.

Para un sector informativo y de las autoridades, estas son personas necias, rebeldes y constituyen un peligro. Cero empatía y ninguna intención de querer escuchar lo que hay detrás de tantos testimonios. Y por parte de esta gestión gubernamental, ni una pizca de perspectiva a la hora de ayudar a la gente. A casi dos meses, parece que toda ayuda llega demasiado tarde.