El Gobierno de España aumenta el IVA a los alquileres turísticos y combate a plataformas como Airbnb con multas millonarias

España ha puesto en marcha una reforma fiscal que marca un giro en su política de vivienda. El Gobierno presentó ante el Congreso una propuesta para gravar con un IVA del 21% los alquileres turísticos de corta estancia, menos de 30 días, y aplicar sanciones millonarias a plataformas como Airbnb, Booking y Vrbo. Esta medida, que entraría en vigor en 2026, busca frenar la especulación, aliviar la presión sobre el mercado residencial y recuperar inmuebles para uso habitual.

El Ministerio de Vivienda sostiene que esta modificación fiscal es clave para proteger el derecho a la vivienda frente a su creciente uso comercial. Según datos oficiales, regiones como Baleares y Canarias ya destinan cerca del 50% de su parque inmobiliario al turismo, mientras que el déficit habitacional nacional supera las 450.000 unidades, según el Banco de España.

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Un nuevo cambio del IVA que cambia las reglas del juego

La reforma elimina la exención de IVA que hasta ahora beneficiaba a los arrendadores que no prestaban servicios similares a los hoteleros. Desde el 1 de enero de 2026, todo alquiler vacacional de menos de un mes tributará al tipo general del 21%. Esto implica que un propietario que actualmente cobra 100 euros por noche deberá aplicar 21 euros adicionales en concepto de impuestos o absorber el impacto en su margen.

El Ministerio de Hacienda asegura que esta medida es coherente con la directiva europea, que permite restringir exenciones en el caso de bienes inmuebles. La intención es disminuir la rentabilidad de los alquileres vacacionales para incentivar su retorno al mercado residencial. Expertos en economía urbana anticipan que esta carga tributaria podría trasladarse al precio final, encareciendo las estancias turísticas y favoreciendo la competitividad del sector hotelero tradicional.

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Sanciones millonarias para plataformas digitales

Además del aumento del IVA, la iniciativa incluye un régimen sancionador contra plataformas que publiquen anuncios sin licencia o con datos falsos. Las infracciones muy graves podrán sancionarse con multas entre 100.000 y 600.000 euros. El Ejecutivo justifica estas cifras por la falta de cooperación previa de las plataformas digitales para retirar alojamientos irregulares.

La Agencia Tributaria cruzará información con los censos autonómicos y con los datos de DAC 7 sobre transacciones digitales. A nivel regional, las comunidades autónomas podrán cerrar alojamientos turísticos ilegales y multar a los propietarios con hasta 30.000 euros. El ministro de Consumo, Pablo Bustinduy, ha instado a los gobiernos autonómicos a intensificar las inspecciones y utilizar sus competencias para cerrar pisos sin registro.

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Resistencia de propietarios y apoyo del sector hotelero

La medida ha generado rechazo entre propietarios y anfitriones. Javier Peñate, asesor legal en Canarias, advierte que la reforma representa una “tormenta perfecta” para miles de familias que dependen de esta fuente de ingresos. Las asociaciones calculan que la nueva fiscalidad puede reducir en un tercio la rentabilidad neta, obligar a vender propiedades y dificultar la actividad para pequeños arrendadores.

Airbnb, basándose en un informe de Oxford Economics, alerta de un impacto negativo sobre 400.000 empleos y una posible pérdida de 30.000 millones de euros. Sin embargo, datos del Instituto Nacional de Estadística muestran que el 15% de los anfitriones gestiona más de cuatro viviendas, lo que refuerza la tesis del Gobierno sobre el carácter especulativo de buena parte del mercado.

El sector hotelero celebra la reforma. Exceltur, patronal del turismo, afirma que la medida pone fin a una competencia desleal que durante años ha beneficiado fiscalmente a los pisos turísticos. “Por fin se equilibran las reglas del juego”, afirman desde la entidad.