“Patadas y puñetazos por todo el cuerpo”: sobreviviente relata el terror en cárcel de Bukele

“¡Por Dios!, ¡por Dios!, ¡por Dios!”, exclama repetidas veces a Infobae, José Zavaleta, un comerciante que estuvo preso sin pruebas durante el régimen de excepción impuesto por Nayib Bukele en El Salvador.

Le es difícil narrar lo que vivió durante unas semanas de terror en la prisión salvadoreña Izalco. “Nos hicieron un pasillo donde se formaron dos filas de agentes, policías incluidos, para darnos el recibimiento: derecha e izquierda, dos filas. Nosotros, solo en bóxer, teníamos que pasar en medio de ese pasillo, ya prácticamente agonizando, sin tomar agua, bajo el sol, torturados con las esposas, hincados dos horas afuera del penal. Horrible, físicamente las fuerzas se terminan”, cuenta mientras da paso al llanto, al recordar las humillaciones que tuvo que vivir.

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Zavaleta estuvo preso por acusaciones relacionadas con asociaciones ilícitas. Durante ese tiempo, fue víctima de maltrato y vio a uno de sus trabajadores agonizar después de recibir golpes de los efectivos policiales el día que llegó a la prisión.

“Empezó el golpeo de parte de los agentes, patadas, garrotazos, puñetazos por todas partes del cuerpo, solo zumbaban los garrotazos, fiusss, fiusss, fiusss, y los macanazos, plum, plum, plum… Yo tuve mala fortuna, con una patada que me dieron en la pierna derecha me atrofiaron el muslo, me doblé y caí hincado”, narró.

En su intento de esquivar esta paliza, José detalla que intentó correr. Sin embargo, un certero golpe lo dejó tendido en el suelo.

Afirma que, de no jugar fútbol, su historia habría sido distinta y hubiera perdido la vida.  “Si yo hubiera llegado en otras condiciones físicas quizá hubiera muerto como los demás compañeros que han fallecido, porque fallecieron muchos”.

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Para el 4 de mayo, de acuerdo con datos del Ministerio de Seguridad, más de 68.000 personas fueron detenidas en el marco del régimen de excepción, que ya cumplió un año de vigencia en dicho país.

El ministro de Seguridad, Gustavo Villatoro, sostuvo recientemente que los cuerpos de seguridad salvadoreños hacen un "trabajo responsable", "apegado al Estado de derecho" y "a las leyes".

Sin embargo, organizaciones defensoras de los derechos humanos registran hasta mediados de marzo al menos 5.082 "víctimas directas" de violaciones a derechos humanos, principalmente, por detenciones arbitrarias, en este contexto.

El caso de José Zavaleta

José, dueño de una flota de autos que le sirven para repartir insumos, fue detenido junto con sus trabajadores en marzo de 2022.

El día que la policía lo fue a arrestar, intentó llamar a sus clientes para que dieran referencias de él a los efectivos. Pero fue en vano: “Le hables a quien le hables, te vamos a llevar, esto es régimen (de excepción)”, contó.

Entre los detenidos estaba fue Marco C., quien solo tenía dos meses de trabajar en la empresa de José y perdió la vida tras este operativo.

“Él (Marco C., nombre que se la ha dado para proteger su identidad) puso su cuerpo para cubrirme y cayó sobre mí, que en paz descanse… Igual, le pasó la misma factura: lo golpearon, lo golpearon… A como pudimos dijimos 'Ey, ya, déjennos'”, recuerda José.

Zavaleta supo que a Marco C. Lo trasladaron aún con vida a otra prisión, en Quezaltepeque, donde murió el 28 de mayo de 2022.

“Me arruinaron la vida. Aún no me levanto, no me repongo”, expresa tras casi un año de salir en libertad, aún con el recuerdo de lo vivido.

El caso de Karla Raquel

A Karla Raquel García Cáceres, una joven salvadoreña de 17 años, el Estado de este país le realizó un legrado en un hospital nacional en la periferia de San Salvador, intervención médica que consta en un documento judicial.

Esto sucedió tras sufrir un aborto en una penitenciaría juvenil, donde la Policía la había llevado un mes atrás acusándola de pertenecer a pandillas.

Según el relato de una de sus hermanas, quien fue testigo de su captura, los soldados golpearon a Karla Raquel: uno de ellos le dio un rodillazo en la espalda y la hizo caer sobre el piso de tierra y piedras.

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La madre de la menor alegó, ante la Corte Suprema, que debido a estos golpes y a que no recibió atención médica adecuada se produjo el aborto espontáneo que, escribe la mujer en su petición legal, puso en riesgo la vida de su hija.

Conforme con Amnistía Internacional, las autoridades salvadoreñas han cometido sistemáticamente graves violaciones de derechos humanos desde que se declaró el estado de emergencia y se aprobaron numerosas reformas legislativas en marzo de 2022, bajo la idea de hacer frente a las pandillas.

“La comunidad internacional está alerta ante las graves consecuencias para los derechos humanos del estado de emergencia en El Salvador. El cumplimiento de las instituciones encargadas de velar y administrar justicia en el país ha llevado a que el sistema de justicia penal sea armado para sancionar a personas, en su mayoría de zonas históricamente marginadas, cuando no existe evidencia de que hayan cometido un delito”, dijo Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

“La muerte de 132 personas bajo custodia estatal, la detención arbitraria, los procesos penales masivos y el encarcelamiento indiscriminado de decenas de miles de personas son incompatibles con una estrategia de seguridad pública efectiva, justa y duradera. La violación sistemática de los derechos humanos y el desmantelamiento del estado de derecho no son la respuesta a los problemas que enfrenta el país. Por el contrario, sientan precedentes muy peligrosos”, agregó.