Cristina Kirchner, vicepresidenta argentina, ha sido condenada esta tarde a seis años de prisión luego de ser hallada culpable de “administración fraudulenta” en perjuicio del Estado por el otorgamiento de obras viales en la provincia de Santa Cruz, Patagonia, tras un juicio de tres años y medio, interrumpido por la COVID-19.
Sin embargo, Kirchner no irá a la cárcel. En principio, porque, gracias a su cargo, tiene fueros de inmunidad de arresto y para que estos sean removidos tiene que pasar por un juicio político, previo al acuerdo y votación por parte del Congreso, por mayoría parlamentaria.
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Cabe indicar que una condena de cumplimiento efectivo quedará firme y en condiciones de ejecutarse cuando pase por dos instancias judiciales más. Primero, la Cámara Federal de Casación Penal y, en segundo lugar, por la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
A eso se suma que en este expediente la actual vicepresidenta argentina, que gobernó el país entre 2007 y 2015, nunca tuvo prisión preventiva. Y en sus alegatos, los fiscales federales Diego Luciani y Sergio Mola no solicitaron la detención de la titular del Senado cuando pidieron que sea condenada a 12 años de prisión y a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Si bien el veredicto resultó condenatorio, lo mismo ocurre con una afectación a una eventual candidatura para el 2023: no hay ningún impedimento jurídico si se decidiese por alguna candidatura de cara a las elecciones generales del año próximo.
Kirchner tiene, además, otro juicio pendiente de comenzar y tres sobreseimientos que esperan revisión.