Acusan a Jair Bolsonaro de “homicidio masivo”

Brasilia. EFE

El presidente Jair Bolsonaro incurrió en “crímenes contra la humanidad” con su negacionismo ante una pandemia que ha matado a más de 600.000 personas en Brasil, concluye el informe de una comisión del Senado que investigó la gestión de la crisis sanitaria.

El informe, redactado por el senador Renan Calheiros, incluye como acusados a cuatro ministros y a otras 61 personas, incluidos tres hijos del mandatario. Denuncia a Bolsonaro por otros ocho delitos, entre ellos los tipificados como epidemia con resultado de muerte, infracción de medidas sanitarias, charlatanería médica e incitación al delito. Los otros son prevaricación, falsificación de documentos públicos, uso irregular de dinero público y atentados contra la dignidad del cargo, todos incluidos en el documento presentado ante la comisión, que la semana próxima decidirá si aprueba el informe y lo remite a tribunales.

Asimismo, se hallaron indicios sobre una red de activistas de ultraderecha que, combinados con el Gobierno, difundieron masiva información falsa sobre la pandemia, minimizando su gravedad y en línea con el discurso mantenido por Bolsonaro, que combatió desde el Gobierno todas las medidas preventivas. En el apartado de las fake news figuran entre los acusados tres de los hijos del mandatario: el senador Flavio, el diputado Eduardo y el concejal Carlos Bolsonaro, quienes mantuvieron una febril actividad negacionista en las redes sociales.

También fue considerada la reiterada violación de Bolsonaro de las medidas que prohibían aglomeraciones e imponían el uso de máscaras, su promoción de la cloroquina en discursos oficiales y el empleo de cuantiosos recursos públicos para adquirirla. “En conclusión, al insistir en el ‘tratamiento precoz’ como única política para combatir la pandemia, Bolsonaro colaboró fuertemente para la propagación de la COVID-19 en Brasil y, así, se mostró como el principal responsable de los errores cometidos por el Gobierno”, dice el informe.

La clave

Fake news. La red de difusión de informaciones falsas contó con la maquinaria política del Gobierno de Jair Bolsonaro, la complicidad del Consejo Federal de Medicina y de las poderosas Iglesias cristianas de todo el país.