Daniel Ortega asfixia a la prensa y la izquierda lo rechaza

Nicaragua es uno de los países donde menos se respetan las libertades de expresión y de prensa en América Latina. De acuerdo al informe Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2021 de Reporteros Sin Fronteras, el país centroamericano ocupa el puesto 121 de 180 naciones, una caída de cuatro lugares respecto del año anterior.

En referencia al mencionado contexto, el director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, Rodrigo Salazar Zimmermann, entrevistó a Juan Lorenzo Holmann, secretario de la junta directiva del diario La Prensa de Nicaragua, fundado en 1926.

Al ser preguntado por la actual situación de la libertad de expresión en Nicaragua, Holmann la calificó de “inexistente”.

En el país “todo inició con una falta de acceso a la información y ahora se ha desembocado en una serie de situaciones amparadas por leyes dictadas por la Asamblea, controlada por el partido que está desgobernando”, expresó.

El representante del influyente diario nicaragüense contó que Nicaragua se está “dirigiendo a una Cuba”.

Izquierda da la espalda

El último martes, durante una entrevista televisada, el expresidente de Brasil Lula Da Silva exhortó a Ortega a no abandonar el camino de la democracia y defender la libertad de expresión, en un momento en que decenas de opositores fueron detenidos por criticar al régimen.

En entrevista con este diario, Juan Carlos Monedero, uno de los pensadores más importantes del partido Podemos, en España, dijo que el mandatario nicaragüense “abochorna a la izquierda mundial” por la represión que aplica sobre la gente que sale a protestar en las calles. Son al menos unas 136 personas las que están detenidas desde las manifestaciones de 2018. De estas, unas 36 personas, entre ellos siete candidatos a la presidencia, fueron detenidos desde junio de este año.

Presión Internacional

La Unión Europea sancionó el lunes a la esposa del presidente de Nicaragua, la vicepresidenta Rosario Murillo, a su hijo Juan Carlos, así como a otros seis funcionarios de su Gobierno por “graves violaciones de los derechos humanos” en el país. Esto se suma a la condena de las naciones del continente, encabezada por EEUU.