Colombia expulsó al hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram

Jacobo Abdalá Bucaram, hijo del expresidente ecuatoriano Abdalá Bucaram (1996-1997), fue expulsado el último viernes de Colombia y enviado a Ecuador. Como indica la entidad migratoria colombiana, Jacobo enfrenta un juicio por un caso de corrupción.

La medida fue tomada debido a que Bucaram "ingresó al país de manera irregular a mediados de este año”, eludiendo un requerimiento de la justicia ecuatoriana, explicó la autoridad migratoria en un comunicado. Por esto, será vetado de ingresar a territorio colombiano durante una década, detalla también en el documento.

En julio pasado, la justicia ecuatoriana había ordenado prisión para Jacobo y sus hermanos Michel y Abdalá (Dalo) Bucaram, este último, candidato presidencial en 2017. Los tres hermanos siguen procesos por una supuesta asociación ilícita para la comercialización de insumos médicos a hospitales de la ciudad de Guayaquil (suroeste) en plena pandemia del coronavirus.

Según la fiscalía ecuatoriana, los acusados habrían obtenido “ingresos económicos que no habrían sido justificados al sistema financiero nacional”.

El expulsado fue detenido en un operativo donde participó la Policía en la ciudad de Medellín (noroeste), desde donde será trasladado a Ecuador por vía aérea, y entregado a las autoridades de dicho país.

“Teniendo en cuenta lo anterior, y actuando dentro del marco de sus competencias, Migración Colombia tomó la decisión de expulsar del territorio nacional al ciudadano ecuatoriano Jacobo Abdalá Bucaram por un periodo de diez años, contados a partir de la fecha”, manifiesta la entidad.

La justicia también retuvo los bienes y bloqueó las cuentas de todos los procesados. Asimismo, prohibió la transferencia de sus acciones y la liberación de sus pólizas. De ser hallados culpables, los hermanos Bucaram enfrentan una pena de cárcel de hasta cinco años. Su padre, Abdalá, se encuentra en prisión domiciliaria desde el 14 de agosto por el mismo caso.

El patriarca de esta familia vivió exiliado durante dos décadas en Panamá, y fue investigado por el supuesto tráfico de bienes patrimoniales, así como por tráfico de armas. Fue destituido por el Congreso de su país en febrero de 1997, a solo seis meses de haberse convertido en presidente.

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