Bolsonaro veta que pueblos indígenas tengan agua potable, camas UCI y materiales de higiene
Contagiado con coronavirus, el presidente brasileño revocó 14 puntos de una ley que busca combatir el avance de la pandemia entre los pueblos originarios.
Jair Bolsonaro, el presidente de Brasil infectado con coronavirus, sancionó con 14 vetos una ley que prevé medidas para combatir la diseminación de la pandemia en los territorios indígenas, entre ellos, los puntos que obligaban al Gobierno a asegurar agua potable y materiales de higiene a los pueblos originarios.
La ley sancionada, aprobada por el Congreso el pasado 16 de junio, fue publicada junto con los vetos este miércoles 8 de julio en el Diario Oficial y estipula medidas de apoyo a las comunidades tradicionales de Brasil para frenar la propagación de la COVID-19.
Entre los artículos vetados figuran el que obligaba al Gobierno brasileño a garantizar a los indígenas el "acceso universal al agua potable" y la "distribución gratuita de materiales de higiene, limpieza y desinfección en las aldeas".
Jair Bolsonaro, quien testó positivo para el nuevo coronavirus la víspera, también vetó la oferta en carácter de urgencia de camas hospitalarias y de unidades de cuidados intensivos a los indígenas, así como la adquisición o facilitación de ventiladores y máquinas de oxigenación sanguínea.
También fueron vetados los puntos que preveían la liberación de recursos extras destinados a dar prioridad a la salud indígena ante la “emergencia de salud pública debido a la COVID-19” y la facilitación de su acceso a la ayuda estatal de 600 reales (unos 110 dólares), creada durante la pandemia.
El gobernante de Brasil rechazó además el artículo que establecía la elaboración y distribución, en formatos diversos, de materiales informativos sobre los síntomas del coronavirus en las aldeas de todo el país, así como la instalación de puntos de internet en las comunidades y la repartición de cestas básicas.
Para justificar los vetos, el Ejecutivo brasileño argumentó que las medidas previstas y aprobadas por el Parlamento creaban “gastos obligatorios” para el Gobierno sin demostrar cuál sería su “impacto presupuestario y financiero”, lo que calificaría como inconstitucional.
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Asimismo, señaló que los vetos obedecen a razones de “interés público e inconstitucionalidad” y fueron establecidos tras “escuchar los Ministerios de Salud, de Justicia y Seguridad Pública, de Economía y de la Mujer, Familia y Derechos Humanos”.
El proyecto, que prevé la creación de un plan de urgencia para el enfrentamiento de la pandemia en los territorios indígenas y establece acciones de protección de las comunidades tradicionales por su "extrema situación de vulnerabilidad", tendrá que regresar al Congreso, que deberá decidir si acoge o derriba los vetos presidenciales.
El acelerado ritmo de contagio por coronavirus en las comunidades indígenas ha aumentado la preocupación de las autoridades brasileñas, ya que se trata de una de las poblaciones más vulnerables a nuevas enfermedades.
Foto: AFP.
De acuerdo con datos de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil (APIB), el coronavirus ya afecta 122 etnias y deja más de 12.000 infectados y 445 muertos entre las comunidades originarias del país.
Sin embargo, datos oficiales de la Secretaria Especial de la Salud Indígena (SESAI), que no consideran los indígenas que viven en zonas urbanas, contabilizan hasta el momento 8.098 casos confirmados y 184 decesos por COVID-19.
Jair Bolsonaro se pronuncia en Twitter
Esta mañana, además, Jair Bolsonaro indicó que ningún país del mundo ha preservado la vida y los empleos, como Brasil, sin propagar el pánico ante la pandemia, aunque en el gigante sudamericano cerca de 68.000 personas han muerto por la COVID-19 y más de 1,6 millones están infectadas.
“Combatir el virus no podía tener un efecto colateral peor que el propio virus”, agregó Bolsonaro en Twitter, al insistir en su crítica a las medidas de distanciamiento social impuestas por Gobiernos regionales para intentar frenar la pandemia y que provocaron una crisis económica.
Brasil es el segundo país del mundo con mayor número de víctimas y casos confirmados, tan solo por detrás de Estados Unidos, y continúa posicionándose como uno de los focos globales de la pandemia y el principal epicentro del coronavirus en Latinoamérica.