Nueva York. HRW
Residentes del estado Bolívar, al sur de Venezuela, son víctimas de amputaciones y otros abusos atroces cometidos por grupos armados que controlan minas de oro, incluyendo organizaciones venezolanas conocidas como “sindicatos” y grupos armados colombianos con presencia en la zona, señaló Human Rights Watch.
Los grupos armados parecen actuar generalmente con la aquiescencia del Gobierno y, en algunos casos, con su participación, para mantener un férreo control de las poblaciones locales. Venezuela cuenta con reservas de recursos sumamente valiosos como oro, diamantes y níquel, así como reservas de coltán y uranio. Aunque el Gobierno ha anunciado iniciativas para atraer inversiones para la minería legal, así como medidas para combatir la minería ilegal, buena parte de la minería de oro en los estados en el sur de Venezuela, incluido Bolívar, es ilegal, y una gran cantidad de oro, cuyo total es difícil de cuantificar precisamente por su carácter ilegal, es sacado del país mediante contrabando.
Los distintos sindicatos que controlan las minas ejercen un estricto control sobre las poblaciones que viven y trabajan allí, imponen condiciones de trabajo abusivas y someten a tratos brutales a quienes se acusa de robos y otros delitos. En los peores casos, han desmembrado y matado frente a otros trabajadores a quienes presuntamente no habían cumplido con sus reglas.
José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW dijo que “es crucial que las refinerías y quienes compran oro se aseguren de que el oro venezolano que forma parte de sus cadenas de suministro no esté manchado con la sangre de víctimas venezolanas”.
Oro ilegal. Organizaciones locales e internacionales han reportado que gran parte del oro extraído en Venezuela sería ilegal. Esta apreciación coincide con los testimonios recabados por Human Rights Watch. Si bien parte del oro producido se vende al Banco Central de Venezuela, una gran cantidad de oro sale de Venezuela mediante contrabando.